La legislación ya recoge esta posibilidad, y la frustrada reforma laboral de Rodríguez Zapatero tenía como uno de sus objetivos aclarar estas causas, pero finalmente todo volvió a quedar en el aire. En la práctica, en España las empresas tienen muy difícil justificar que están en crisis y, además, la decisión final está en manos de los jueces que, normalmente, optan por dar la razón al trabajador, de ahí que la mayoría de las empresas desisten de utilizar este tipo de despido y optan por el despido improcedente, con una indemnización de 45 días. De hecho, solo un 7% de los despidos que se realizan en España son objetivos.

El Gobierno también tiene sobre la mesa la supresión de la autorización laboral previa para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), un requisito que no existe en ningún país de la OCDE.

En materia de contratos, la intención del departamento de Empleo es generalizar el uso del contrato de fomento de empleo con despido de 33 días por año trabajado. Eso sí, la medida no tendría en ningún caso efectos retroactivos para los trabajadores que tienen un contrato con despido de 45 días por año trabajado.

Por otro lado, el Gobierno también pretende modificar la ley para que empresas privadas se encarguen de buscar trabajo a los parados, una tarea en la que los servicios públicos del empleo han fracasado de forma rotunda dado que apenas encuentran un puesto de trabajo al 3% de los parados.

La colaboración público-privada será un hecho tras los cambios que ya tiene sobre la mesa la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como también lo será un refuerzo de la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo y una mayor vigilancia sobre el rechazo de los parados a ofertas de empleo ofrecidas por el antiguo INEM.

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