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CAT DERECHOS HUMANOS/ESPAÑA

Vuelve al Tribunal de Estrasburgo el caso de cuatro despedidos de "Panrico"

Noticias EFE

Estrasburgo (Francia), 8 dic (EFE).- La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) celebró hoy una vista sobre el caso de cuatro ex repartidores de la empresa "Panrico" en Barcelona que fueron despedidos por publicar un boletín con una caricatura que la compañía consideró "vejatoria".

Los cuatro despedidos llevaron su caso a este tribunal por considerar que han sido violados sus derechos de libertad de expresión, asociación y reunión.

Hace exactamente un año, la Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo (primera instancia) sentenció que los tribunales españoles que juzgaron el caso no habían violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al dictaminar a favor de la empresa.

Juan Manuel Palomo Sánchez, Francisco Antonio Fernández Olmo, Agustín Álvarez Lecegui y Francisco José María Blanco Balbas, que consideran que su despido responde a "represalias por sus reivindicaciones sindicales", apelaron la sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

Los denunciantes no acudieron a la vista y estuvieron representados por su abogado, Leopoldo García Quinteiro, quien aseguró que la empresa "malbarata y dilapida su derecho al honor", algo que "cada uno debe cuidar".

Los cuatro trabajadores fueron despedidos tras haber publicado un artículo interno titulado "Quien tiene el culo alquilado, no caga cuando quiere", en el que criticaban la connivencia entre la dirección y los sindicatos.

Lo hicieron meses después de haber creado ellos mismos un sindicato de tendencia libertaria y consideran que eso es lo que llevó a la dirección a despedirles.

El artículo crítico iba acompañado de una caricatura que fue considerada como "vejatoria" por la empresa.

Ante los 17 jueces de Estrasburgo, García Quinteiro aseguró que el texto "no zahiere el derecho al honor" y señaló que en la caricatura no se ve un acto sexual, sólo se intuye.

El representante del Gobierno español en este proceso, Fernando Irurzun, justificó la decisión de los tribunales españoles y aseguró que la crítica del boletín perseguía "humillar a las personas afectadas", en especial el jefe de recursos humanos de la empresa.

Tras la vista, la Gran Sala comenzó el proceso de deliberación, que culminará en una sentencia no recurrible, que será publicada en los próximos meses.

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