Le urgía al Gobierno transmitir el mensaje, más fiel al programa electoral de su partido, de que el déficit público se aborda reduciendo gastos. Por eso, anunció para su segundo consejo de ministros una serie de medidas para reducir el déficit público a través de un menor gasto. Pero a las medidas anunciadas les falta un hervor. Se nota que trata de responder a una intención política.

Las medidas anunciadas por el último consejo de ministros están llenas de intenciones y voluntarismo y son más un amago de una decisión, aunque marquen bien el camino hacia dónde se dirige el actual gobierno. El ministro de Economía anuncia que enviará al gobernador del Banco de España una carta solicitando información sobre la remuneración de los directivos de bancos y cajas que han necesitado ayudas públicas y deja caer la adopción de medidas en el caso de que la respuesta no le resulte convincente. El Gobierno anuncia también, al igual que se ha hecho en Francia e Italia, que pondrá límites al pago en efectivo a partir de una cierta cantidad. ¡Pobre Camps! al que a partir de ahora obligarán a echarse al bolsillo alguna tarjeta de crédito con la que hacer frente al pago de determinadas compras. Su chofer ya no tendrá que ir corriendo a su casa a por dinero para dejárselo al expresidente para saldar su deuda.

La anunciada reducción de empresas públicas, que afectará a más de cuatrocientas, se presenta también como una intención que deberá concretarse tras la consulta con ayuntamientos y comunidades autónomas.

Finalmente, la campaña contra el fraude fiscal es un lugar común de los nuevos gobiernos cuando acceden al poder. Por desgracia, apenas tiene efectividad, aunque este gobierno parece muy dispuesto a luchar contra el fraude a través de los paraísos fiscales. Buena decisión en los momentos que corren con un dinero que busca, más que nunca, pasar inadvertido sin dejar de aportar rentabilidad.