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Hay lío en Caja Duero, y de los gordos. El presidente Julio Fermoso, médico y además presidente de la caja castellano-leonesa, se siente traicionado por su director general, Lucas Hernández, al que se quiere cargar cuanto antes. El político y el técnico enfrentados -el primero a grito limpio, el segundo, desde la discreción más absoluta- por unas diferencias de criterio ahora ya insalvables sobre cómo se gestiona una caja, más aún en estos tiempos de máxima dificultad para el sector financiero. Un conflicto que, con toda seguridad, pone los pelos de punta a la Junta de Castilla y León tanto como al Banco de España, al que no le hace ninguna gracia el ruido de sables en un sector al que en el primer semestre se le cae el beneficio por primera vez en seis años y al que se le dispara la morosidad.
Como en todas las broncas, siempre hay una excusa oficial. En la de Fermoso y Hernández se trata de la rehabilitación del teatro Lope de Vega de Valladolid, con un coste de siete millones de euros que el presidente quería sacar adelante a toda costa y que el director general ha parado porque no se justifica en plena crisis. Pero no es más que la gota que colma el vaso de un conflicto del que el sector puede y debe sacar una lectura positiva si es que alguno decide tomar nota. El problema real, que se reproduce en un buen número de cajas españolas, es que están presididas por personas con un alto componente político y una escasa cuando no nula preparación económica. Presidentes que, en muchos casos, de la crisis se están enterando ahora.
El enorme peso de los partidos políticos en las cajas -en el caso de Caja Duero el PP apoya las tesis de Hernández y el PSOE la de Fermoso- y el enorme intervencionismo en el día a día de presidentes sin pedigrí en lo económico y con escasas dotes para la delegación es un cáncer que muchas entidades ya están pagando. Porque una cosa son los compromisos y otra bien distinta la frivolidad. Y siete millones de euros -una cifra irrisoria aparentemente- no gastados pueden ser un buen ejemplo para la organización y sus clientes de cómo se gestiona en tiempos de crisis.
Desde el entorno de Hernández se asegura que no dimitirá y que agotará el año que le queda hasta su jubilación en el puente de mando. Si le dejan, claro, porque le están preparando un consejo extraordinario en el que será la figuro estelar. El director general, que se labró un amplio prestigio en la banca semipública -Argentaria- y que participó activamente en el nuevo mercado bursátil que desarrolló la Ley de Reforma del Mercado de Valores a finales de los ochenta del siglo pasado, cuenta con apoyos y parece dispuesto a dar la batalla. Una batalla que será buena para la caja -siempre lo es resolver una situación tan enquistada - y quizá para Fermoso, que tiene ante sí la oportunidad de templar gaitas. La alternativa es un despido y la búsqueda de un gestor capaz de sustituir a Hernández con garantías. Algo con lo que, hoy por hoy, la caja no cuenta.
Que algo no funciona en el seno de algunas entidades financieras lo demuestra el hecho de que sean los políticos los que tengan que imponer la cordura. En un mensaje dirigido directamente a Fermoso, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha dicho que es contrario a los cambios en el seno de las cajas. Entre ellas, faltaría más, Caja Duero. Y ha pedido respeto para los profesionales recordando que la mayoría de los integrantes de los consejos de las cajas son representantes de la sociedad "y no profesionales". Más claro, el agua. Cuestión de estabilidad, que no está el horno para bollos. Y de responsabilidad.

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