21 de Julio, 11:46 am

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El Gobierno fía a la «solidaridad» de la banca para que no traslade el impuesto de las pensiones a sus clientes

J.M.Camarero

La ministra de Hacienda estima que «hay margen» para no repercutir ese gravamen en los usuarios

Una de las preocupaciones a las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse cuando apruebe el impuesto a la banca para sufragar parte del déficit de la Seguridad Social será el golpe que tendrán que soportar los clientes de las entidades si éstas trasladan el impacto del gravamen a los usuarios. Por eso, se suceden las voces que desde el Gobierno instan a calmar los ánimos ante cualquier atisbo de amenaza financiera, apelando incluso a la bondad del sector. Así lo hizo este lunes la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien se mostró «convencida» de que los bancos serán «solidarios» con el 

Valerio volvió a aferrarse al planteamiento realizado por el PSOE cuando estaba en la oposición a principios de año, fecha en la que inició su campaña para que el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobara el gravamen financiero extraordinario: «Estoy convencida de que igual que este país ha sido solidario con la banca, los bancos van a ser solidarios con el sistema público de pensiones», indicó. Además, recordó a las entidades financieras que los receptores de esas prestaciones -casi 10 millones de ciudadanos, entre jubilados, viudos, huérfanos e incapacitados- «también son clientes» de la banca.

El temor del Ejecutivo a que el impuesto se convierta en un arma de doble filo para la ciudadanía se ha hecho palpable después de que, en las últimas semanas, los responsables de las corporaciones financieras ya han anunciado que podrían incrementar el coste de los créditos, aplicar más -y más caras- comisiones y otras medidas de recorte en sus estructuras para hacer frente al tributo extraordinario que el Gobierno tiene en mente. Incluso el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, sostenía recientemente que una medida tributaria de este tipo «probablemente» lleve a esa nueva realidad porque necesitarán elevar su rentabilidad.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido quitar hierro a esta amenaza lanzada por las entidades financieras. Considera que este tipo de advertencias que se lanzan desde el sector cuando se va a aplicar una medida, como el futuro impuesto, son «un clásico», pero «no tienen sentido». Montero estima que las entidades financieras aún tienen «margen» para una medida como el impuesto adicional, justificándolo en que los bancos «aportan menos comparativamente que el resto del sector empresarial» en cuanto a abono de impuestos. En esta misma línea se pronunció el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, al sostener que «no está claro» que se pudiera trasladar ese tributo directamente al cliente bancario.

La titular de Hacienda matizaba este lunes que «no se trata de subir impuestos a los ciudadanos». Lo hizo en referencia a la tasa a las tecnológicas -como Google- que también quiere implantar el actual Ejecutivo, recogiendo una propuesta del anterior en esta materia. «Muchas revoluciones no han sido contempladas por el actual espacio fiscal» y hay que trabajar por que «por aquellos que no tienen contemplada en su fiscalidad su contribución, lo puedan hacer».

Aunque los planes para estas dos nuevas figuras tributarias aún se encuentran en estudio, el Gobierno pretende recaudar hasta 1.000 millones de euros por la bancaria y otros 600 millones por la tecnológica. En cualquier caso, serían insuficientes para un déficit de la Seguridad Social que se encontraba en los 18.800 millones de euros al cierre de 2017, y que también pasaría por resolverse con un incremento de los salarios -y por tanto de las correspondientes cotizaciones-, entre otras variables que aportarían ingresos al sistema público de pensiones.

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