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Impuestos

Plusvalía municipal: El que venda con pérdidas ya no tributa

Los propietarios que vendan sus inmuebles con pérdidas no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal, según recoge una proposición de ley presentada por el PP. Ahora queda pendiente qué pasará con los que pagaron indebidamente este tributo, a los que muchos tribunales están dando la razón. 

La 'injusticia' que suponía pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando se vendía un inmueble a menor precio del que se compró se va a terminar, gracias a una proposición de ley que el PP ha presentado en el Congreso de los Diputados que modifica la Ley Reguladora de Haciendas Locales

La propuesta, que se alcanzó tras un acuerdo entre PP, PSOE e IU, establece que no estarán sujetos al impuesto aquellos que acrediten la inexistencia de incremento de valor tras la venta de sus inmuebles, y para esta acreditación bastará con presentar las escrituras públicas. Antes había que aportar una prueba pericial que suponía un elevado coste para los contribuyentes.

«Me parece una iniciativa muy positiva. También es importante que la escritura sea suficiente para demostrar que no ha habido beneficios en la venta del inmueble, ya que es un elemento público probatorio», señala Adolfo Jiménez Ramírez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Agentes Tributarios (Asefiget).

También David García, responsable fiscal de la consultora Ayming, asegura que «la mayor prueba fehaciente para justificar la pérdida patrimonial es la escritura pública, ya que entre los deberes de los notarios se encuentra la de dar fe a los hechos que constan en la misma. Es una gran ventaja para los particulares no tener que acudir a una prueba pericial para justificar la pérdida patrimonial».

Con la proposición de ley, el Ejecutivo quiere dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 11 de mayo de 2017, que declaró nulos varios artículos del Impuesto sobre el Incremento del Valor en los Terrenos de Naturaleza Urbana -conocido como plusvalía municipal- cuando se venden inmuebles sin obtener beneficios. Además, pidió modificar el impuesto. Para cumplir esta demanda, Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desarrollaron una nueva propuesta del impuesto. 

Estas medidas impulsadas por el Tribunal Constitucional suponen un avance, pero aún queda pendiente lo que ocurrirá con los tributos indebidamente cobrados. Los afectados podrían reclamar a los ayuntamientos cerca de 2.475 millones de euros por este concepto, lo que supone una media de 4.500 euros por ciudadano afectado, apuntan fuentes de reclamador.es.

«Desde que el Constitucional dictó su sentencia, esperábamos que el Gobierno presentara una nueva ley. No obstante, los Ayuntamientos estaban obligados a aplicar la doctrina del Constitucional puesto que son sentencias que tienen efectos inmediatos. Muchos han esperado a la ley pero otros han seguido cobrando el impuesto. A partir de ahora, los ayuntamientos no tendrán excusas para cobrar este impuesto cuando se haya vendido en pérdidas», afirma Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

PUNTO POLÉMICO

Uno de los puntos que más polémica ha suscitado respecto a la nueva proposición de ley es el que señala que las nuevas condiciones se aplicarán a las operaciones de compraventa hechas a partir del 15 de junio de 2017, lo que según Adolfo Jiménez, «no se puede hacer, ya que existe una norma fiscal según la cual cuando se aplica a un contribuyente una nueva norma hay que utilizar la mejor de las situaciones para él, sea anterior o posterior, la que más le beneficie». 

A su juicio, aplicando esta fecha «están intentando que los ayuntamientos no tengan que devolver tanto dinero a los contribuyentes», lo que provocará que estos «continúen yendo a los tribunales». Señala que incluso en los casos que han prescrito, «los afectados pueden reclamar, mediante un recurso de revisión. No tienen las puertas cerradas al cien por cien, aunque tengan que emprender procesos jurídicos más largos».

También David García prevé que muchos ayuntamientos se negarán a devolver el dinero cobrado indebidamente, por lo que «los afectados tendrán que defender sus derechos ante los tribunales, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional en ningún momento se pronuncia sobre los efectos retroactivos de la misma. Este es un fallo de la proposición de ley que creo que se ha cometido a conciencia, ya que los reales decretos forales sí que se pronuncian al respecto estableciendo disposiciones transitorias».

LOS AYUNTAMIENTOS SE MUEVEN

Para evitar devolver los impuestos cobrados indebidamente, los ayuntamientos empiezan a reaccionar y uno de los primeros en hacerlo ha sido el de Madrid, que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que este ha admitido, contra una sentencia dictada el 3 de octubre de 2017 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la imposibilidad o no de dictar liquidaciones del impuesto de plusvalía por parte de los ayuntamientos.

Según Ramiro Salamanca, director legal de reclamador.es, tras la admisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, este se encuentra «entre la espada y la pared. Por un lado, están los límites del Tribunal Constitucional y, por otro, el inmenso agujero que provocaría en los presupuestos municipales tener que devolver todas las autoliquidaciones anteriores a la fecha de la sentencia del TC, siempre que fueran solicitadas en plazo».

De no estimarse el recurso planteado ante el Supremo por el Ayuntamiento de Madrid, implicaría que todos aquellos contribuyentes que hayan abonado el impuesto de plusvalía antes del 11 de mayo de 2017 tendrían derecho a la devolución del 100 por cien de lo pagado. Además, los ayuntamientos «no podrían realizar liquidaciones por no existir norma legal que disponga cuándo existe o no incremento de valor», asegura Ramiro Salamanca. 

Esta devolución supondría un importante pellizco en las arcas de los ayuntamientos, ya que solo el de Madrid ingresó 688 millones de euros por este impuesto en 2017.

El plazo de prescripción para reclamar las autoliquidaciones del impuesto de plusvalía municipal es de 4 años, es decir, en principio, solo podría reclamarse desde el 6 de marzo de 2014 para nuevas denuncias.
Según fuentes de reclamador.es, «el impuesto está técnicamente mal aplicado en todos los casos, en los que se han producido pérdidas con la venta e incluso en los que se hayan obtenido ganancias, y creemos que los contribuyentes tienen derecho a reclamar y recuperar lo pagado de más por la plusvalía municipal».

LOS TRIBUNALES TAMBIÉN 'TUMBAN' LA PLUSVALÍA CON GANANCIAS

Los tribunales están dando la razón no solo a los contribuyentes que pagaron el impuesto de plusvalía municipal cuando vendieron sus inmuebles con pérdidas, sino también a los que lo hicieron con ganancias. Así lo atestiguan dos sentencias dictadas en Navarra y Barcelona. La primera es de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la segunda es un auto del Juzgado de lo Contencioso Nº 2 de Barcelona que exime al contribuyente del pago de la plusvalía municipal, aún cuando vendió con ganancias, al considerar que no se ha desarrollado una ley como exigía el Tribunal Constitucional en su sentencia de mayo de 2017, y, por ello, no hay forma de liquidar el impuesto y cualquier acción de liquidación debe ser anulada.

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