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fiscalidad

La nueva tasa adelgazaría los intereses del depósito

Raquítica y con muy poco atractivo. Así podría resultar la remuneración de los productos de ahorro que comercializa la banca y de la que se benefician gran parte de los clientes para hacer frente a la crisis.

Todo dependerá de la arbitrariedad del Ministerio de Hacienda a la hora de aplicar un nuevo tributo en vigor a partir del 1 de enero de 2013: el Impuesto sobre Depósitos Bancarios. Se trata de un gravamen cuyo tipo inicial es del cero por ciento, para así contrarrestar las tasas aprobadas antes por Andalucía, Canarias y Extremadura, avaladas por el Tribunal Constitucional, a las que hay que unir ahora la que Cataluña ha aprobado para anticiparse a la del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha precisado que este tipo del cero «se encuentra en estudio», sin descartar una posible modificación al alza. De ser así, tendría efectos perjudiciales para los bancos... y para sus clientes.

Una de las primeras consecuencias es que «estas medidas repercuten normalmente sobre los usuarios», explica Carlos Orduña, presidente de Economistas Asesores Financieros (EAF), del Consejo de Economistas. En principio, son las entidades las que tienen que pagar este impuesto si finalmente se cambia el tipo inicial. El tributo -prácticamente el mismo en Andalucía, Canarias, Cataluña y Extremadura- establecía un gravamen que va del 0,3 al 0,5 por ciento (ver cuadro) sobre «el saldo final de los depósitos de la clientela»  que haya en sus balances. 

LA TASA SE COMERÍA HASTA UN 20% DE LOS INTERESES 

Pero pocos analistas dudan de que los bancos afectados trasladarían este tributo a sus clientes. «O bien pueden reducir el grado de comercialización de los depósitos, o bien recortar la remuneración que actualmente se paga en estos productos financieros», explica Javier Méndez Llera, secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Para Méndez Llera, «gravar hasta en 0,5 puntos con una remuneración media como la actual, supone una tasa muy alta, que se comería en buena parte la rentabilidad del producto». De hecho, el interés medio de los depósitos a más de dos años se encuentra ahora por debajo del 2,50 por ciento, según los últimos datos del Banco de España. 

Por ello, los expertos no creen que el Gobierno vaya a optar definitivamente por un tipo superior al cero por ciento actual. «Al haber aprobado una tasa homogénea, supone más un globo-sonda de cara a la galería, que una medida real», explica Carlos Orduña. «Ha sido una medida destinada a calmar ciertos ánimos políticos tras la amnistía fiscal», indica Javier Méndez Llera.

MENOR VARIEDAD DE DEPÓSITOS A PLAZO

Sin embargo, desde el momento en que el gravamen estatal se encuentra aprobado, el Gobierno puede modificar los tipos ante cualquier coyuntura. Y si es así, «estas tasas que alteran la actividad de un mercado, al final están destinadas a reducir su volumen», según el secretario general del IEAF. «No se entendería que se gravasen aún más los depósitos en un momento como el actual, en plena reestructuración del sector, con el interbancario cerrado y los mercados internacionales de financiación prácticamente paralizados», indica. Porque si lo que se quiere es «recaudar dinero a través de los bancos, existen otras vías como el Impuesto de Sociedades», indica Méndez Llera. «Los impuestos deben salir de la generación de beneficios, pero no de la actividad del banco», afirma.

La otra posibilidad es aumentar las comisiones que se cobran actualmente en este tipo de productos. Aunque la repercusión del impuesto sobre el cliente sería tan evidente, que parece menos factible aplicar esta medida por parte de la banca, al menos a corto plazo.

Lo que los expertos consideran inviable es que el Impuesto sobre Depósitos se aplicase en algunas Comunidades y en otras no. «Si se hace, tendría que ser en todo el territorio y no sólo en una parte», explica Carlos Orduña, de Economistas Asesores Financieros. Porque, tal y como reconoce, «si no se hace globalmente, evitar ese gravamen no sería tan difícil por parte de las entidades afectadas».

Con esta medida en el aire, la fragilidad de los depósitos a plazo, como fórmula de ahorro masiva y tradicional entre numerosos ciudadanos, se vería un poco más fagocitada. Porque a la tasa habría que añadir una tributación sobre los rendimientos que ofrecen, que se ha incrementado desde el 15 hasta el 27 por ciento en apenas una década; y a las diferentes comisiones (mantenimiento, cancelación anticipada, etc.), que se aplican sobre la mayor parte de los productos de ahorro.

EN TODA ESPAÑA O EN NINGÚN RINCÓN DEL PAÍS

Por ahora, el impuesto se encuentra sin efectos en las cuatro regiones que lo habían aprobado. «Las Comunidades pueden establecer tributos propios como éste, pero existen algunas líneas rojas que no pueden traspasar», afirma Luis del Amo,  secretario técnico del REAF. «En el caso del tributo sobre depósitos, no pueden ejecutarlos sobre hechos imponibles que ya tenga o que vaya a aprobar el Estado», indica este experto. 

Ésta es la vía por la que Hacienda quiere aprobar el mismo impuesto que las cuatro Comunidades, pero con un tipo del cero por ciento. Hasta hace poco, la normativa se refería a que un impuesto autonómico no podía tratar «la misma materia imponible» que el de otro estatal. «Las Comunidades encontraban más dificultades que ahora para poder aprobar sus propios tributos, aunque en casos como el de los depósitos bancarios no es posible aplicarlos», explica el responsable del REAF. Sin embargo, Hacienda sí deberá «resarcir a las Comunidades que lo tenían aprobado», incluida Cataluña, bien aportándoles el importe de dinero que hubieran recaudado, o bien el que tenían previsto recaudar.

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