El Gobierno aprobará este jueves los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2013, que contemplan ajustes por unos 40.000 millones de euros (25.000 de ellos adicionales a los ya anunciados) y que están destinados a competir con las cuentas del ejercicio pasado por el apelativo de "los presupuestos más austeros de la democracia". Resumimos algunas de las claves que marcarán las cuentas del ejercicio que viene.

1.- ¿Qué son los PGE?

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) establecen el límite máximo de gastos y la estimación de ingresos que el Gobierno prevé obtener durante el ejercicio, además de los límites máximos de prestación de garantías y de endeudamiento. Se aprueban por ley en las Cortes Generales. Establecen las cuentas para la Administración General, pero también para los organismos autónomos y otras sociedades públicas. Los PGE para 2013 son los segundos de la actual legislatura tras los de 2012, bautizados como los "más austeros de la democracia" debido a los 27.300 millones de ajustes que contenían.

2.- Volumen del ajuste: 40.000 millones

El plan presupuestario bianual remitido a Bruselas el pasado 3 de agosto contemplaba un recorte del gasto por 38.956 millones de euros en 2013. El objetivo es reducir el déficit por debajo del 4,5% del PIB, el año que viene. Sin embargo, parece poco probable que el Gobierno logre cumplir el objetivo de déficit para este año, a tenor de las cifras de ejecución presupuestaria que han ido publicándose. Además, los intereses de la deuda se han disparado y está previsto que se conviertan en la mayor partida del gasto público el año que viene, al alcanzar 38.000 millones de euros. Por este motivo, el Gobierno podría verse obligado a realizar ajustes por encima de esos 40.000 millones.

3.- ¿Cómo se repartirá la tijera?

Del total de 40.000 millones de ajustes previstos, unos 15.000 se obtendrán de un aumento de la presión fiscal. Casi un 70 % de estos últimos se lograrán mediante la reciente subida del IVA, que ya ha sido puesta en marcha. En ese sentido, tras las medidas ya anunciadas, quedarían por definir ajustes por 25.000 millones adicionales. ¿De dónde los obtendrá el Gobierno? Rajoy se ha negado por activa y por pasiva a tocar las pensiones, una línea roja para el presidente del Gobierno, que probablemente sólo cruzará si se encuentra contra las cuerdas. Asimismo, parece poco probable que se vuelva a tocar el sueldo de los empleados públicos. En principio y a falta de mayores sorpresas, el ajuste en empleo ascenderá a 5.746 millones, en tanto que el tajo a la función pública será de 3.723 y de 1.391 millones de euros el de dependencia, según se desprende del plan bianual enviado a Bruselas.

4.- Escenario macroeconómico en deterioro

Una de las principales dudas que suscitan los presupuestos del ejercicio que viene es el escenario macroeconómico que el Gobierno ha empleado para elaborarlos. El Ejecutivo de Rajoy prevé una contracción económica del 0,5% el año que viene y una tasa de paro del 24,3%, cifras consideradas optimistas por organismos internacionales y expertos. Este tema es esencial, pues sobre estas estimaciones se calculan los ingresos que el Gobierno va a obtener, así como el gasto en partidas tan importantes como las prestaciones por desempleo, que ha ido aumentando desde el comienzo de la crisis. Es decir, que una infravaloración de la gravedad de la situación económica puede dar al traste con la senda del saneamiento fiscal. En ese sentido, José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), cree que cumplir con el objetivo de déficit "está difícil" debido a la caída de la recaudación producida por la crisis económica, pero también por algunas de las medidas de ajuste que se han implementado. "Es decir, que lo que por un lado logramos por las medidas de austeridad, se pierde por la caída del consumo, etc", defiende.

5.- La apuesta de los profesionales de Hacienda: Subir el impuesto de sociedades

En ese sentido, Mollinedo explica que para los técnicos de Hacienda "es fundamental recuperar los ingresos". Por ello, ponen "el foco en uno de los tributos que más se han visto afectados por ese desplome recaudatorio: el impuesto de sociedades", explica Mollinedo. Según refleja la memoria de este tributo, las grandes empresas españolas están contribuyendo a las arcas públicas con un tipo real del 11%, que contrasta con el 20% que abonan las pymes, lo cual significa que las 5.800 mayores empresas del país (las que facturan más de 100 millones de euros al año) son las que contribuyen proporcionalmente menos al sistema. Por este motivo, desde Gestha piden un aumento de cinco de puntos de la presión fiscal para los beneficios superiores al millón de euros, lo que podría significar una cuantiosa recaudación de 14.000 millones de euros para las arcas del Estado. "Es una medida muy recaudatoria, que sólo afectaría a las grandes empresas y contribuiría a acabar con el contrasentido de que cuanto mayor es el tamaño de la empresa, menos tributa proporcionalmente", defiende Mollinedo. En todo caso, el portavoz de los técnicos de Hacienda recuerda que esta medida no está en la agenda de Europa para España y, por tanto, es más improbable que sea adoptada.

6.- Entonces, ¿qué impuestos subirán?

Además del IVA, el final a la deducción por compra de vivienda y los impuestos energéticos, el Gobierno planea poner en marcha nuevos gravámenes sobre las plusvalías generadas en la operativa bursátil a corto plazo y estudia la posibilidad de imponer la tasa Tobin, aunque sobre este último punto no hay consenso dentro del Ejecutivo. Otra opción es mantener el impuesto de patrimonio e introducir una tasa medioambiental.

Gestha calcula que la modificación del impuesto de la renta para que las plusvalías supondrá unos 2.000 millones adicionales para el Estado, los impuestos energéticos unos 4.500 millones y una eventual tasa a las transacciones entre 2.000 millones y 5.000 millones, según la definición final que se establezca para el hecho imponible. (Si se sigue el modelo francés, que grava acciones y derivados de empresas con capitalización bursátil superior a los 1.000 millones, sería una recaudación de 2.000 millones; aunque si se baja el listón de capitalización hasta los 500, se podría recaudar hasta 5.000 millones).

Asimismo, desde Gestha, destacan que un factor externo a los presupuestos podría suponer un importante ahorro por el lado de los gastos, si el Gobierno se decide finalmente a pedir el rescate de España. "Esa medida unida a la intención del BCE de comprar deuda en el mercado secundario podría hacer que la prima baje a los niveles del año 2007. Esto tendría un impacto brutal, porque esa diferencia puede suponer unos 18.000 millones en el coste de la deuda", según Mollinedo.