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de comunidades y ayuntamientos

Hacienda limita los avales para controlar el riesgo

Amparo Estrada

Las CCAA no podrán superar anualmente el 1,5% de su PIB regional y los ayuntamientos, el 30% de sus ingresos corrientes

Los Gobiernos autonómicos tienen fijados unos objetivos de déficit, de deuda y unas reglas de gasto presupuestario. A partir de ahora también tendrán unos límites para los avales y garantías que pueden conceder.

El Ministerio de Hacienda ha aprobado sendas resoluciones que establecen el principio de prudencia financiera para todas las autonomías y entidades locales. Las comunidades autonómas no podrán avalar por encima del 1,5% de su PIB en el conjunto del año, y se fija un límite de 25 millones de euros o el 0,1% del PIB regional para cada operación individual de aval. A su vez, a los ayuntamientos se les fija un tope anual del 30% de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior y un límite del 15% de los ingresos corrientes para la operación individual de avales.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que la decisión de imponer estos techos es evitar que utilicen «subterfugios para gastar». Es decir, que si un Gobierno autonómico no puede aumentar el gasto porque incumpliría el objetivo de déficit no busque una escapatoria a esa restricción avalando el gasto de otro porque, al cabo de los años, si fracasa la operación, la comunidad estará obligada a cubrir la deuda avalada. «Pasadas las legislaturas aparece deuda a la que hacer frente», advierten en Hacienda. Los avales y garantías pueden no afectar a la consolidación fiscal en el ejercicio, «pero suponen un riesgo para el cumplimiento de objetivos en el futuro», recalcan desde el Gobierno.

La norma sobre prudencia financiera obliga a todas las comunidades autónomas, incluidas País Vasco y Navarra, y afecta tanto a avales y garantías públicas en general como a activos financieros. El importe nominal de los avales autorizados por la comunidad a 31 de diciembre y los previstos para el ejercicio siguiente no puede superar el 1,5% del PIB. En este cómputo no se considerarán los avales cuyo riesgo vivo esté cubierto por un fondo de avales en sus presupuestos, siempre que sea indisponible salvo para responder precisamente de contingencias relacionadas con los mismos. Las operaciones individuales superiores a 25 millones de euros o al 0,1% del PIB regional necesitarán autorización del Consejo de Ministros.

Los activos financieros afectados por la resolución de Hacienda son, según el ministerio, «los portadores de riesgos más significativos» para la sostenibilidad de las finanzas de las autonomías: acciones y participaciones en el patrimonio neto de las entidades, préstamos concedidos o la adquisición de títulos de deuda. En el caso de que la comunidad no cumpla el objetivo de deuda pública, la variación neta de activos financieros durante ese año o el siguiente no podrá ser positiva hasta que desaparezca el incumplimiento. La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local podrá autorizar ciertos préstamos o compra de deuda cuando exista riesgo de superar los límites; para ello valorará el grado de cumplimiento de las reglas fiscales y el periodo medio de pago a aproveedores.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, sólo tres comunidades autónomas, Galicia, Canarias y Navarra, cumplen los objetivos de déficit y de deuda y la regla de gasto -que limita el incremento del gasto computable a la tasa de aumento del PIB a medio plazo, que para 2016 se ha fijado en el 1,8%-.

En cuanto a las entidades locales, necesitarán a autorización administrativa previa de la Administración Pública que tenga su tutela financiera para conceder avales que superen el 15% de sus ingresos corrientes o si en el ejercicio han concedido ya garantías por el 30% de los ingresos corrientes liquidados en el año anterior. Todas las operaciones de crédito a largo plazo que no cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública también tendrán que ser autorizadas.

Si no cumplen el objetivo de endeudamiento no podrán aumentar los activos financieros. Al igual que con las comunidades autónomas, se podrán autorizar préstamos o compra de activos financieros si existe riesgo de superar los límites y se valorará el cumplimiento de las reglas fiscales y el periodo medio de pago a proveedores.

El objetivo es limitar el endeudamiento extrapresupuestario de las entidades locales. Los interventores deberán presentar las solicitudes de autorización, los informes financieros y de seguimiento y control de los activos financieros antes del 31 de marzo de cada año, excepto en este ejercicio en que deberá hacerse antes del 1 de noviembre.

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