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Inversión

La supervisión de Hacienda a las sicavs «amenaza» su continuidad en España

Las sicavs en España no pasan por su mejor momento. A la pérdida de patrimonio de 2.966 millones en 2018 y a los continuos rumores sobre una subida fiscal, se suma ahora el Proyecto de Ley de Presupuestos que faculta a Hacienda para supervisar a las sicavs. La industria critica esta medida porque puede provocar la huída de capitales o impulsar su desaparición.

El detonante que ha puesto de nuevo a las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) en el punto de mira ha sido la decisión del Ejecutivo de introducir en la disposición final decimosexta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que sea la Administración Tributaria la que compruebe que el número de accionistas requerido a las sicavs españolas sea como mínimo de cien.

Con esta medida, que será efectiva si se aprueban los presupuestos presentados por Pedro Sánchez, el Gobierno quiere cerciorarse de que cada sicav tenga al menos cien accionistas 'auténticos' -requisito que las habilita para que se beneficien del 1 por ciento que pagan en el impuesto de sociedades- y se termine así con la figura del 'mariachi', ya que en muchas sicavs que operan en España, un socio o una familia acaparan el 99 por ciento del capital de la sociedad, mientras que el resto del capital se reparte entre 99 'socios de paja' que no tienen ningún control sobre ella.

Si finalmente se establece esta medida, Hacienda será más rígida en la 'caza del mariachi' de lo que ha sido hasta ahora la CNMV, apunta Paula Mercado, directora de Análisis de VDOS, ya que «la Agencia Tributaria cuenta con más información y le resultará más sencillo comprobar la veracidad de la información suministrada por las sicavs en cuanto al cumplimiento normativo de sus partícipes». Reconoce que «ha habido bastantes irregularidades respecto a los cien partícipes requeridos y en las distribuciones de capital, que se anotaban como capital suscrito para no computar como plusvalías y evitar el impuesto, lo que ha generado desconfianza que ha llevado a incrementar el control».

La medida que establece que sea Hacienda y no la CNMV quien controle las características de los cien socios ha suscitado las críticas del sector, que no la considera adecuada. Hasta que llegó Zapatero al Gobierno, las sicavs eran supervisadas conjuntamente por la CNMV y la Agencia Tributaria, pero el presidente socialista optó por dejar esta competencia en exclusiva a la CNMV, medida con la que comulga la industria. 

Según fuentes de Inverco, además de los requisitos establecidos a nivel europeo como transparencia, supervisión y diversificación, las sicavs españolas tienen un régimen «más exigente» que las de otros países, ya que deben contar con un número mínimo de cien accionistas, lo que «no está previsto en la directiva ni en la práctica totalidad de los países», a excepción de Portugal. Para Inverco, «esta diferencia supone un peor tratamiento para las sicavs españolas».

MEDIDA «DISCRIMINATORIA»

También Fernando Luque, senior Financial Editor de Morningstar, cree que esta nueva disposición «penaliza a las sicavs. La propuesta del Gobierno es discriminatoria». A su juicio se trata de una medida «política», con la que se quiere «demonizar a estas sociedades cuando sus socios pagan los mismos impuestos que los de los fondos».

Y es que las sicavs tienen las mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión. Las operaciones realizadas por sicavs tributan al 1 por ciento y los accionistas tributan por las plusvalías obtenidas -vía reparto de dividendos o vía venta de las acciones- al tipo establecido para las rentas de capital. Los rendimientos tributan al 19 por ciento los primeros 6.000 euros anuales, al 21 por ciento entre 6.001 y 50.000 euros y al 23 por ciento a partir de 50.001 euros.

Ana Figaredo, directora general de Lombard Odier, cree que las sicavs son un vehículo de inversión financiero por lo que «es más lógico que la supervisión la realice la CNMV». No obstante señala que si la medida se aprueba «la cumpliremos». Reconoce que en España la legislación es «un poco cambiante», lo que «no es bueno porque los inversores quieren seguridad jurídica». 

También desde Inverco consideran que esta medida «resultará perjudicial para la actividad de gestión en España, con sus efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos, al desplazar sus inversión, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad hacia otras jurisdicciones comunitarias». 

'FUGA' DE CAPITALES

Inverco pone así el foco en la posibilidad de que muchas sicavs cierren en España y lleven su capital a otras plazas europeas como Luxemburgo o Irlanda, produciéndose una fuga de capitales a estos países. Otra alternativa que pueden tomar los socios de sicavs es fusionarlas con fondos de inversión, pero esta medida tiene sus consecuencias, ya que los partícipes pierden el control de la gestión de su inversión y tienen unos costes mayores por comisiones.

«Si siguen poniendo palos en las ruedas de las sicavs, sus socios optarán por irse a Luxemburgo, lo que perjudicará a la industria de la inversión en España», apunta Luque. 

Esta posible fuga de capitales a otros mercados afectará también a nuestra economía, ya que según Inverco, las sicavs españolas tienen un claro sesgo inversor hacia los activos domésticos, invirtiendo casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros) en activos españoles. Además, son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, «cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales», aseguran desde Inverco. También contribuyen, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo.

MALOS ENTENDIDOS

Existe una sensación generalizada de que las sicavs son un vehículo de inversión «para ricos», y aunque la industria lucha por eliminar esta percepción errónea su esfuerzo cae en saco roto. «La sicav está muy cuestionada en España porque está muy mal explicada. Es demagógico asociar la sicav con altos patrimonios. Existe mucha desinformación al respecto y la gente se queda con los titulares porque se venden más fácilmente que la letra pequeña».

Esta «demonización» de las sicavs y el miedo a que aumente su fiscalidad ha hecho que el patrimonio de las sociedades bajara en 2.966 millones de euros durante 2018, según VDOS, lo que supuso un descenso del 9,52 por ciento, que dejó su patrimonio a cierre del año en 28.192 millones. Además, según datos de la CNMV, el número de sociedades registradas en el supervisor fue de 2.734 en el tercer trimestre de 2018, lo que implica un descenso del 5,95 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Así, el número de sicavs suman nueve trimestres consecutivos de caídas.

Con estos antecedentes, si ahora se aprueba la medida, «bajo la supervisión de la Agencia Tributaria las sicavs habrán de cumplir la norma de los cien accionistas con mayor fidelidad», apunta Mercado, lo que podría ser la puntilla que remate un vehículo de inversión con cada vez menos adeptos en España.

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