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MAD-VIVIENDAS IVIMA (Ampliaci髇)

La Justicia de Madrid archiva la venta de 2.935 viviendas del IVIMA

Agencia EFE

El Juzgado de Instrucci髇 n鷐ero 48 de Madrid ha decretado el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas por un presunto delito de malversaci髇 referido a la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversi髇 Azora-Goldman Sachs en 2013, durante el Gobierno del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz醠ez.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias previas -promovidas por la Asociaci髇 de afectados por la venta de viviendas de IVIMA y por la Asociaci髇 de Lucha contra la corrupci髇 (CORRUPTIL)- al considerar que la Fiscal韆 no aprecia delitos de prevaricaci髇, malversaci髇 ni fraude a la Administraci髇 por parte de los principales investigados, los exdirectores del Ivima Juan Van-Halen y Ana Gomendio.

La adjudicaci髇, por 201 millones de euros, que comprendi 32 promociones inmobiliarias, con un total de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales p鷅licos, fue anunciada el 29 de agosto de 2013 por el Ivima sin haberla justificado y dos meses m醩 tarde se comunic a los arrendatarios la transmisi髇 de la propiedad de sus viviendas.

Seg鷑 el criterio judicial, que acoge el de la Fiscal韆, no hubo delito de prevaricaci髇 en ninguno de los actos investigados en la causa , aunque reconoce "irregularidades" en el procedimiento administrativo, en cuanto a la justificaci髇 de la necesidad de enajenar dichas viviendas.

La venta de las viviendas, dice el auto, "no comprometi la funci髇 social en su conjunto del IVIMA, dado que las viviendas enajenas no resultaban necesarias a tal fin".

Aunque refleja que la justificaci髇 del IVIMA para la venta de las viviendas no era facilitar el logro de fines sociales, sino que la "verdadera intenci髇" de sus responsables era satisfacer las necesidades de tesorer韆 para alcanzar los objetivos de d閒icit presupuestario de la Comunidad de Madrid y del propio IVIMA, una venta que fue "eficaz", puesto que redujo el pasivo del Instituto en 19,7 millones de euros.

El juez deja consignado que a pesar del ingreso de una cantidad importante de dinero por la venta de las viviendas, los investigados en ning鷑 momento identificaron con precisi髇 "las partidas concretas y las pol韙icas sociales a las que asignaron los fondos recibidos como consecuencia de la venta de las viviendas.

En este sentido, el juez dice que, ante el prop髎ito de "obtener liquidez como presupuesto para el funcionamiento normal de los servicios p鷅licos, sin los que la realizaci髇 de las pol韙icas sociales resultar韆 imposible, la decisi髇 de recurrir a la venta de viviendas ni fue "arbitraria" y por tanto no hay delito de prevaricaci髇.

Con respecto a la tasaci髇 pericial final de las viviendas, en las que el juez no ve "perjuicio patrimonial", esta fue hecha "considerando cada promoci髇 independiente de las dem醩, al entender que cada edificio es susceptible de comercializaci髇 individualizada".

Hecha as la tasaci髇, dice el auto, ascendi a 208,2 millones de euros, lo cual representa un incremento de 7,2 millones de euros con relaci髇 al precio de adjudicaci髇, de lo que se desprende que las viviendas fueron adjudicadas a un precio que estaba un 3,62 % por debajo de su valor de mercado.

Y agrega que "carece de fundamento econ髆ico" cuanto se ha sostenido acerrca de que las promociones vendidas ten韆n un valor situado en torno a 300 millones de euros.

En este sentido, dice el auto que la diferencia "apreciable" de valoraci髇 entre le precio de adjudicaci髇 y el valor real, conforme al informe del perito, "carece de relevancia a los efectos penales, tanto en cuanto concierne a la posible malversaci髇 como al fraude a la administrraci髇".

El juez comparte con el fiscal el criterio de que no ha habido delito de fraude a la administraci髇 por cuanto "no ha habido concierto" o este "no ha podido ser acreditado" entre los investigados y terceros interesados en la adjudicaci髇 de las viviendas.

El texto del auto advierte que contra la resoluci髇 cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelaci髇 dentro de los tres d韆s siguientes a su notificaci髇, o bien, recurso de apelaci髇 directo dentro de los cinco d韆s siguientes a la 鷏tima notificaci髇.

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