18 de Noviembre, 19:43 pm
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nueva directiva

Diez claves para estar al día en la prevención del blanqueo de capitales

Isabel Serrano

A través del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, publicado el pasado 4 de septiembre 2018 en el Boletín Oficial del Estado, se ha procedido a la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2015/859 y, en consecuencia, a la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

Los principales cambios amplían y endurecen el control de movimientos económicos, sobre personas que los realizan, establecen mayor coordinación entre países y el cruce de información, sobre pagos telemáticos, fideicomisos y otros de los que destacamos los siguientes:

1. Se deja en manos de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales la decisión de determinar los "países terceros equivalentes".

2. Se establece la obligación de identificar a las personas que participen en juegos de azar y/o apuestas, ya sea de forma presencial o telemática, debiendo aplicarse las medidas de diligencia debida previstas en el caso de transacciones a partir de 2.000€.

3. Los sujetos obligados deberán identificar al "titular real" de las operaciones, especialmente en el caso de los fideicomisos, estableciéndose la definición del mismo.

4. Entre las medidas reforzadas de diligencia debida se incluye la definición de "corresponsalía bancaria transfronteriza", en virtud de la cual, se establece la obligación a las entidades financieras de aplicar determinadas medidas a las entidades clientes de terceros países.

5. Se modifica el concepto de "persona con responsabilidad pública" en el sentido de incluir nuevas cargos y eliminar la distinción entre responsabilidad pública nacional e internacional.

6. Se prevé que sea la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias la que elabore y publique el listado de las funciones y puestos que determinarán la consideración de "personas con responsabilidad pública" en España.

7. Se regula el "procedimiento interno de comunicación de potenciales incumplimientos", obligando a los sujetos obligados a incorporar dichos procedimientos de comunicación, que podrán incluirse en los procedimientos Compliance ya existentes, dotándose de una amplia protección a los empleados, directivos o cualesquiera sujetos que tuvieran conocimiento de algún incumplimiento y lo comuniquen, asegurando la confidencialidad sobre su identidad y protegiéndolos de represalias, no suponiendo la comunicación de los incumplimientos de la norma, vulneración de la restricción sobre divulgación de información impuesta contractual o legalmente, ni infracción laboral.

8. Sin perjuicio de las limitaciones del artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, para las personas físicas y jurídicas que comercien profesionalmente con bienes se reduce el importe de cobros o pagos en efectivo realizados por personas físicas no residentes a 10.000€.

9. Se modifica el régimen sancionador, incluyendo nuevas infracciones y aumentando los importes de las mismas.

10. Se impone a los sujetos obligados que presenten servicios a sociedades y fideicomisos la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil competente por su domicilio previamente a iniciar la actividad. Aquellos sujetos que ya estén realizando la actividad dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la norma para proceder a dicha inscripción.

Isabel Serrano es abogada de Carrau Corporación

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