15 de Diciembre, 10:26 am
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para el 100% de la pensión

Las empresas podrán jubilar a los 65 años y medio si se cotizó lo suficiente

José A.Bravo

El nuevo Gobierno y los agentes sociales no parecen estar muy convencidos de las posibles bondades del llamado envejecimiento activo, es decir, seguir trabajando más allá de la edad de retiro legal. Eso y que los graves problemas que arrastra el mercado laboral conceden mayor importancia el efecto sustitución entre los trabajadores.

En este contexto el Ministerio de Trabajo junto a las patronales CEOE y Cepyme, de un lado, y los sindicatos CC OO y UGT, de otro, han alcanzado un principio de acuerdo para que las empresas puedan obligar a sus empleados a jubilarse una vez cumplan la edad legal de retiro -algo que ya se contemplaba antes de la reforma del sistema en 2013, salvo algunas excepciones-, ahora de 65 años y seis meses. Eso sí, para ello el trabajador en cuestión debe haber podido cubrir ya las cotizaciones a la Seguridad Social necesarias para disfrutar el 100% de la pensión.

La otra condición necesaria es que «se mejore el empleo en la empresa», apuntan fuentes de la negociación. En concreto, bien que se sustituyan contratos temporales por indefinidos, bien que entren nuevos trabajadores en lugar de los jubilados. En cualquier caso, «los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten» esa jubilaciones forzosas, es decir, habrán de negociarlo antes la empresa y los representantes de la plantilla.

En UGT y CC OO creen que sería bueno «reforzar la redacción» del documento con dos criterios recogidos en la doctrina del Tribunal Constitucional. De un lado, «la necesidad de garantizar la oportunidad de trabajo a la población en paro» y, por otro, que «en ningún caso haya una amortización de puestos de trabajo».

También goza de consenso la recuperación del subsidio especial por desempleo para mayores de 52 años, que con la polémica reforma laboral de 2012 se elevó a 55 años. El Gobierno y los sindicatos están de acuerdo, adaptando además el criterio del TC que elimina la exigencia de que las rentas máximas sumen las de todo el hogar y no solo las del individuo.

Esta ayuda para un colectivo muy afectado por el paro de larga duración tendría 400.000 beneficiarios en 2019, con un coste inicial de 377 millones -el Estado también cotiza por los beneficiarios hasta la edad de jubilación- que se triplicaría con creces hasta los 1.250 millones cuando esté en pleno funcionamiento

Más tiempo

La patronal, por su parte, ha pedido una semana para estudiarlo y presentar sus propuestas -los sindicatos ya lo hicieron con las suyas-, al igual que el resto de puntos que se negocian en la mesa tripartita del diálogo social. Todos volverán a reunirse el 29 de octubre y el Gobierno tratará un nuevo borrador de acuerdo para tratar de darle un impulso casi definitivo.

La negociación está casi ultimada para recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, pero no así en los procesos de descuelgue ni en la ultraactividad. En los primeros los sindicatos reclaman que se recojan «causas justificadas, documentación acreditativa y tiempo concreto. En la segunda ven «fundamental» que el convenio vigente no decaiga hasta aprobarse un nuevo, algo «que no garantiza» la última propuesta del Gobierno pese a que UGT y CC OO ya se lo habían anticipado.

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