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Economía.- Bruselas abre una investigación sobre la compra de la italiana Ilva por parte de ArcelorMittal

EUROPA PRESS

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación en profundidad para evaluar si el acuerdo alcanzado por el consorcio Investco Italy, liderado por ArcelorMittal, con el Gobierno italiano para el arrendamiento y posterior compra del grupo siderúrgico Ilva está en línea con las normas comunitarias.

Las preocupaciones del Ejecutivo comunitario se centran concretamente en los efectos que puede tener la transacción sobre el mercado de productos planos de acero al carbono y productos galvanizados de acero al carbono. En particular, Bruselas sospecha que la operación podría conducir a un aumento de los precios, especialmente para los clientes del sur de Europa.

Ente ellos se incluyen numerosas compañías, de la cuales muchas son pequeñas y medianas empresas, activas en distintos sectores como la construcción y la fabricación de vehículos, electrodomésticos o tubos, entre otros. Estas empresas compiten entre ellas dentro del Espacio Económico Europeo o exportan sus productos fuera del bloque comunitario.

"Las industrias europeas necesitan acceder al acero a precios competitivos para competir en los mercados globales. Por eso investigaremos con detenimiento los planes de ArcelorMittal para comprar Ilva", ha destacado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Además, la Comisión Europea investigará si la transacción podría tener algún efecto en la oferta y los precios de otros productos, como acero de revestimiento metálico para empaquetado.

La Comisión Europea ha abierto la investigación en profundidad después de haber rechazado un primer conjunto de compromisos remitidos por ArcelorMittal, al entender que eran "insuficientes" para "descartar claramente las serias dudas" que plantea el acuerdo sobre su compatibilidad con la legislación comunitaria sobre fusiones.

La operación fue notificada a Bruselas el pasado 21 de septiembre y el Ejecutivo comunitario dispone de 90 días, hasta el 23 de marzo de 2018, para tomar una decisión, aunque ha destacado que la apertura de la investigación "no prejuzga el resultado" de la misma.