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impuestos

Los expertos abogan por un tipo mínimo común en Sucesiones y Patrimonio

D.Valera

Defienden mantener el principio de «ordinalidad» y que las comunidades puedan decidir sobre el gravamen de IVA y de los impuestos especiales

Fijar un gravamen mínimo y unas bonificaciones limitadas para armonizar los impuestos de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio, que en la actualidad registran una brecha en su tributación según cada comunidad. Esta es una de las principales medidas recogidas en el informe final de la comisión de expertos sobre financiación autonómica entregado este miércoles al Ministerio de Hacienda después de cinco meses de trabajo. El documento, en el que han participado catedráticos propuestos por el Gobierno y las comunidades autónomas del régimen común, propone cambios para que el nuevo sistema sea más «transparente» y menos «complejo». Para ello aboga por mantener el principio de «ordinalidad», esto es, que las comunidades que más aportan al sistema deberían recibir más financiación a pesar de los mecanismos redistribuidores. El informe, que no es vinculante, será ahora estudiado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Los expertos, presididos por el catedrático de derecho tributario de la Universidad de Jaén, Manuel González Sánchez, abordan la situación del Impuesto de Sucesiones, donde comunidades como Canarias o Madrid tienen bonificado casi el 100% de esas tasas mientras otras regiones como Andalucía o Extremadura aplican menos exenciones y los contribuyentes tienen que abonar al fisco hasta 1.000 veces más por una misma herencia. Los expertos apuestan por establecer un gravamen mínimo para evitar esta disparidad. El caso de donaciones también es similar y los protagonistas de la brecha tributaria son casi los mismos. De esta forma un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico y sin que tenga ninguna discapacidad tendría que pagar apenas 200 euros en Canarias y 2.000 euros en Madrid, frente a los 208.159 euros en Andalucía o los 205.920 en Asturias, según cálculos del Consejo General de Economistas Reaf-Regaf.

Esto ha provocado que algunos gobiernos autonómicos acusen a otros, principalmente a Madrid, de ser una especie de paraíso fiscal que provoca un traslado de residencia de los contribuyentes para pagar menos en estos impuestos. Precisamente, la iniciativa del comité de expertos de establecer un mínimo exento provocaría que en todas las regiones se tuviera que abonar algo por estas figuras.

Respecto al Impuesto de Patrimonio, reintroducido durante la crisis en un momento donde las arcas públicas necesitaban nuevos ingresos, también defienden establecer un mínimo exento común para evitar las grandes diferencias actuales donde Madrid, una vez más, bonifica el tributo al 100%.

Deuda del FLA

Otra novedad es la creación de un tramo autonómico en el IVA. Ahora las comunidades reciben el 50% de la recaudación de este tributo, pero no tienen capacidad de gestión (como sí pueden hacer con el IRPF). Pues bien, los expertos abogan por avanzar en la corresponsabilidad y que los territorios pudieran decidir de forma colegiada subir o bajar los tipos de este tributo. Eso sí, como el IVA debería ser igual en todo el país sería necesario que la decisión se tomase por unanimidad o mayoría cualificada. Algo que en la práctica, parece bastante complicado dada la disparidad de escenarios económicos (algunas regiones tienen problema de déficit mientras otras cumplen sin problemas) y también los diferentes intereses políticos. El documento también recoge una iniciativa similar para los Impuestos Especiales (alcohol, tabaco y carburantes). Asimismo, el informe sostiene la necesidad de que los regímenes forales de País Vasco y Navarra aporten más a la solidaridad interterritorial.

Por otra parte, los expertos no se han puesto de acuerdo sobre qué hacer con la deuda autonómica generada por el FLA y los mecanismos extraordinarios de financiación. Una parte de los 'sabios' abogan por una condonación y otros por una refinanciación. Hay que tener en cuenta que el Estado ha inyectado desde 2012 más de 180.000 millones a las comunidades a través de estos instrumentos, lo que ha provocado que la administración central sea el principal acreedor de una gran parte de las comunidades autónomas.

«La condonación no sería una medida positiva. Daría una mala señal a los mercados e incentivaría el incumplimiento fiscal, afirmó el profesor de Economía del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, José María Rotellar, al analizar la propuesta de la comisión. En su opinión, expresada en un artículo de la fundación Faes, si las comunidades no tienen capacidad para pagar la deuda es difícil que puedan financiarse por sí mismas. Sin embargo, las regiones con mayor pasivo apuestan por esta medida. La decisión depende de Montoro, quien ya dijo estar abierto a todas las posibilidades.

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