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Las comunidades buscan que el Estado les perdone 150.000 millones de deuda

D. Valera

Varias regiones plantean una quita sobre el pasivo contraído por el FLA que ha convertido a la Administración central en su principal acreedor

 La reforma del sistema de financiación autonómico, que está siendo analizada en una comisión de expertos, tendrá que pronunciarse sobre una polémica petición: aplicar quitas a la deuda regional dependiente del Estado. Ésa es la propuesta planteada por algunas comunidades y que hace referencia al pasivo contraído con la Administración central en los últimos años a través de los mecanismos extraordinarios de financiación como el FLA. Una deuda con el Estado que en el cuarto trimestre de 2016 ascendía a la friolera de 148.595 millones de euros, lo que supone más de la mitad (53,66%) de la deuda autonómica total, según los últimos datos del Banco de España. Y es que estos instrumentos de liquidez han permitido a muchas comunidades obtener recursos para poder pagar sus facturas cuando tenían las puertas de los mercados internacionales cerradas. Ahora el Gobierno parece dispuesto a estudiar una condonación, lo que podría provocar quejas de las comunidades que necesitaron menos ayudas y su nivel de deuda es inferior.

«Estamos escuchando a los expertos y estamos abiertos a todas las sugerencias», afirmó hace ya algunas semanas el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras ser preguntado sobre una posible quita de la deuda autonómica. El pasivo total de las comunidades en 2016 alcanzó los 276.899 millones, lo que supone el 24,9% del PIB. Una deuda que se ha duplicado desde la puesta en marcha en 2012 de los mecanismos de financiación extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores. De hecho, en 2011 el pasivo regional equivalía sólo al 13,6%.

A través de estos mecanismos, ideados por el Ministerio de Hacienda para inyectar miles de millones a las maltrechas arcas regionales durante los peores momentos de la crisis, el Estado se ha convertido en el principal acreedor de la mayoría de las comunidades. En algunos casos supone incluso más de dos tercios del volumen. En concreto, posee más del 60% de la deuda pública de ocho autonomías, siendo Murcia (77,8%) y Valencia (76,6%) las dos principales. No es de extrañar que estas regiones, especialmente la Comunidad Valenciana, sean de las más firmes defensoras de la condonación. También Baleares (68% del pasivo en manos del Estado) ha insistido en que sería necesario una quita para aliviar el peso de la deuda. Estos gobiernos regionales argumentan que han tenido que acudir al FLA o al Plan de Pago a Proveedores en mayor proporción que otras comunidades por la infrafinanciación de sus territorios en el actual sistema de reparto.

44.000 millones ahorrados

Hacienda ya ha puesto en marcha distintas medidas para tratar de paliar la carga de esta deuda a las comunidades a través de préstamos a tipo cero durante algún ejercicio -la diferencia con el interés que paga el Tesoro en los mercados lo asume el Estado- o mediante la ampliación de la devolución de los créditos. En total, el departamento considera que desde 2012 las comunidades se han ahorrado ya 44.000 millones sólo en intereses.

Sin embargo, todavía deben definirse varios aspectos. En primer lugar es decidir si realmente se va a realizar una quita y, en ese caso, en qué porcentaje y a quién. Y es que la condonación puede que no sea total. De hecho, una de las posibilidades que se contempla en la comisión de expertos es que sólo afecte a aquellas comunidades que hubieran sido perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómico.

El problema radica en cómo medir el daño. Una opción son las famosas balanzas fiscales (la diferencia entre lo que las comunidades aportan al Estado y lo que reciben), que reflejan un déficit para Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares. Sin embargo, esto dejaría fuera a otras regiones muy endeudadas. En cualquier caso, si finalmente el Estado perdonase parte de esa deuda otras autonomías con un menor problema en el pasivo podrían sentirse agraviadas. Es el caso de Madrid, la región menos endeudada (14,4% del PIB) y que además sólo tiene en manos del Estado un 6,3% del pasivo.

El objetivo también es que el nuevo sistema de financiación otorgue los recursos suficientes a las comunidades para que no sea necesario recurrir a mecanismos extraordinarios. De hecho, distintos expertos coinciden en señalar que el FLA fue un sistema «de urgencia» que no puede prolongarse en el tiempo por las «distorsiones» que genera en la financiación. La meta debe ser que las comunidades puedan captar recursos en el mercado si fuera necesario.

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