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El Gobierno deja en manos de patronal y sindicatos que no haya huelga en los puertos

J.A.Bravo

Al segundo intento logra sacar adelante en el Congreso el decreto de reforma de la estiba mientras los agentes sociales volverán a negociar este lunes

«Es la hora del diálogo y no de la presión». Con estas palabras el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, dejó este jueves en manos de los agentes sociales lo que pueda pasar con las huelgas ya convocadas en la actividad de carga y descarga en los puertos. Lo hizo tras conseguir, al segundo intento después de la derrota parlamentaria del 16 de marzo, que el Congreso aprobara su controvertido decreto de reforma con los votos favorables de PP, Ciudadanos y PNV, 174 en total, la abstención del PDeCAT (ocho) y el rechazo del resto de la oposición (165).

El texto, aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, es similar al de hace dos meses salvo algunos pequeños cambios bien vistos por las centrales sindicales. Por ejemplo, se incluye la obligación de realizar prácticas profesionales antes de poder actuar como estibador (660 horas, el 75% en los puertos y gestionadas en última instancia por el Ministerio). Asimismo, se modifica un artículo de la Ley de Puertos de 2010 para que dicho colectivo vuelva a controlar de forma expresa la manipulación de vehículos, tarea que ahora compartían con otros.

Asimismo, se elimina la obligación de contar con la titulación de Formación Profesional para ejercer esta profesión y se prescinde del recargo a las cuotas sociales de las empresas cuando hacen contratos temporales en los servicios portuarios. En cualquier caso, desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), su secretario general, Antolín Goya, criticó que esos avances «pierden intensidad» porque el Gobierno finalmente no ha garantizado el empleo en el sector, alegando que la UE no lo permite, y su decreto «hace de todo menos ayudar a que se mantenga» la plantilla.

16 días de paros convocados

Goya, no obstante, abrió una puerta a que se alcance un acuerdo con la patronal porque, frente al anterior texto que «nos amarraba de pies y manos», el de ayer «nos deja en una posición en la que podemos intentar resolver el conflicto». La intención de las centrales es reunirse este lunes con la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco).

Será, sin embargo, apenas tres días antes de que comiencen los 16 días de paros en jornadas y horas alternas, que los sindicatos ya han convocado entre el 24 de mayo y el 10 de junio, y para los que cuentan con el apoyo firme de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), dispuesta a crear "un frente común de estibadores mundiales" para que en caso de huelga no puedan descargar en puertos de países vecinos mercancías con destino a España. Pese a ese presión -Anesco denunció que ya han comenzado paros encubiertos en algunos puertos-, Goya señaló que intentarán que la negociación se desarrolle dentro de «la más absoluta normalidad» para, «de forma ordenada, intentar conseguir todos aquellos objetivos que nos faltan en este momento» debido a la «la falta de diálogo» del Gobierno.

El titular de Fomento, por su parte, apeló a la «sensatez, mesura y sentido común» de los agentes sociales para que lleguen a un acuerdo, algo para lo que según él «tienen todas las facilidades del mundo». Estos, sin embargo, se quejan de no haber consultados para la elaboración de los decretos, ni siquiera del siquiera del segundo que desarrollará de forma reglamentaria el ratificado por el Congreso.

En dicho texto, aún no ha aprobado por el Consejo de Ministros y cuya tramitación puede alargarse tres meses, se afirma que sindicatos y empresas «podrán establecer mediante acuerdo estatal o convenio colectivo de igual ámbito las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo actual». Asimismo, recoge que las concesionarias de los servicios de carga y descarga de mercancías en los puertos «podrán subrogar directamente los trabajadores» de las sociedades de gestión aún vigentes antes de su desaparición progresiva con la liberalización.

Hasta 120 millones en ayudas

En dicho reglamento también se incluyen ayudas estatales de hasta 120 millones de euros -frente a los 2.415 millones que demandaban los agentes sociales, esto es, 20 veces menos- para prejubilaciones (para mayores de 55 años y manteniendo el 70% de su salario), pero también un recorte del 10% para los salarios medios y altos (a partir de 23.483 euros anuales).

Desde la Comisión Europea se calificó este jueves de «acontecimiento positivo» la aprobación del decreto, cuyas medidas estudiarán «cuidadosamente». Ello, añadió, «permitiría reconsiderar» el recurso de España por las multas, una primera que acumula más de 23 millones (a razón de 27.500 euros diarios) desde finales de 2014 y otra segunda (que ascendería a 134.000 euros por jornada de retraso en la liberalización de la estiba) todavía no aplicada.

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