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en busca de un gobierno

300 días de un país en funciones

Alfonso Torices

Este lunes se cumplen 300 días desde que Mariano Rajoy disolviese las Cortes para celebrar las elecciones generales del 20 de diciembre. El efecto combinado de un Congreso muy fragmentado por la irrupción de Podemos y Ciudadanos y la incapacidad manifiesta de los partidos para alcanzar acuerdos ha provocado que, diez meses después, y tras dos pasos por las urnas, el país carezca de un Gobierno con capacidades plenas para afrontar la larga lista de problemas de España, que la confianza de los ciudadanos en los políticos esté bajo mínimos y que el Parlamento, más allá de miles de ruedas de prensa y algún animado debate, tenga su cuenta legislativa real a cero desde el 20 de octubre de 2015, cuando aprobó su última ley, los Presupuestos del Estado de 2016. Es la instantánea de una España en funciones que por el momento no tiene fecha de caducidad, pues nada asegura que de la sesión de investidura que se celebrará en la última semana de agosto vaya a salir un nuevo presidente y un Ejecutivo.

La crisis y el bloqueo institucional que arrastra el país a lo largo de todo el año tiene su fiel reflejo en el Gobierno de Mariano Rajoy, que desde hace exactamente ocho meses que no tiene más capacidad que la administración de los asuntos ordinarios -el día a día-, porque carece de competencias para adoptar iniciativas políticas o impulsar leyes salvo en casos de urgencia manifiesta o razones de interés general y no puede elaborar Presupuestos.

Se trata de un Ejecutivo de récord internacional. Es ya el quinto de la historia reciente de la humanidad con más tiempo en funciones. En Europa solo está por detrás de Bélgica -que llegó a estar año y medio en esta situación- y de la exrepública rusa de Moldavia (528 días), y en el resto de los continentes nada más le aventajan en este siglo la interinidad e inestabilidad de dos gabinetes, uno de Camboya y otro de Irak. Al récord internacional se une también uno español. Con un presidente, una vicepresidenta y nueve ministros -pues los titulares de Energía, Fomento y Sanidad han salido en los últimos cuatro meses y no pueden ser sustituidos- es ya el Ejecutivo más reducido desde el retorno hace 40 años de la democracia.

Hasta ahora su reducida capacidad de actuación no ha causado alarma porque los Presupuestos de 2016 quedaron aprobados antes de la disolución de las Cortes. No tiene capacidad de actuación política, pero la planificación de ingresos y gastos del Estado ha permitido a los ministerios y a las comunidades autónomas mantener su actividad con cierta normalidad. Sin embargo, el nuevo incumplimiento de los topes de déficit público fijados por la UE, que ha llevado a la Comisión a anunciar duras sanciones si en el otoño no se adoptan severas medidas correctoras, hace que el piloto automático ya no sea suficiente y el margen se agote; que se vislumbren serios problemas si no existe pronto un Ejecutivo que diseñe unos Presupuestos para 2017 adaptados a la nueva realidad y que permitan a las autonomías renovar los suyos.

La interinidad del Consejo de Ministros tampoco es la situación ideal para atajar otro de los grandes problemas del país, el desafío separatista de la mayoría parlamentaria y la Generalitat catalanas. Ha salvado los retos hasta ahora por su capacidad para actuar ante el riesgo para el interés general y por la cobertura política y parlamentaria que, en esto sí, le dan el PSOE y Ciudadanos, pero la hoja de ruta separatista se acelerará en otoño, con amenazas de desobediencia e, incluso, de referendos unilaterales.

Conflicto constitucional

El Gobierno, no obstante, también ha tenido su contribución a la anomalía institucional que vive el país. Si ya han pasado 306 días sin que se apruebe una ley, hace justo uno menos, diez meses exactos, que Rajoy y sus ministros no rinden cuentas ante el Parlamento. El Ejecutivo ha alegado su falta de actividad política, por estar en funciones, para negarse a ser controlado por el Congreso -con plantones de varios ministros y del Gobierno al completo y 2.500 preguntas sin contestar-, lo que condujo a un grave e inédito conflicto institucional que tendrá que solventar el Tribunal Constitucional, después de que el Congreso denunciase al Gobierno por considerarlo en «rebeldía» y por violar varios artículos de la Carta Magna.

El Parlamento, en la actualidad parado por la falta de prisa de la popular Ana Pastor en poner en marcha la legislatura a la espera de que se produzca el debate de investidura, no ha producido nada palpable en ocho meses. La anterior legislatura, abortada a los tres meses y medio por la segunda convocatoria de elecciones, acabó con las casi 300 iniciativas registradas por los partidos -hubiesen comenzado ya su tramitación, o a la espera de llegar al pleno- en la papelera por la disolución, el 3 de mayo pasado, de las Cortes.

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