23 de Marzo, 13:58 pm

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entrevista

José Manuel Soria: «Es discutible dar bono social por ser familia numerosa o pensionista»

Amparo Estrada / José M.Camarero

José Manuel Soria (Las Palmas de Gran Canaria, 1958) pertenece al grupo de los ministros más 'políticos' del Gobierno. Es presidente del Partido Popular de Canarias desde 1999, ha sido alcalde de Las Palmas, presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias... Como ministro de Industria, en esta legislatura ha aprobado una controvertida reforma energética y anuncia una reforma del bono social de la luz cuando hay cuatro millones de personas en pobreza energética.

-El Tribunal Supremo les exige ahora que especifiquen cuál es la fórmula para determinar el margen que se llevan las compañías en con el PVPC. ¿Subirá la luz?

-Ese margen, de cuatro euros por kilovatio al año, está puesto desde 2009. Lo que dice la sentencia es que hay que elaborar una metodología, no que esa cifra deba ser mayor, igual o menor. La CNMC lo determinará. Pero presuponer que va a haber una refacturación es una hipótesis aventurada. No da la impresión de que las compañías tengan un margen muy pequeño cuando vemos que sus beneficios en algunos casos son de hasta 2.500 millones.

 -En estos cuatro años, no se ha actuado para acabar con la pobreza energética de muchas familias.

 -Hay 2,3 millones de personas que tiene bono social, es decir, que de cada factura se les hace un descuento del 25% que pagan las compañías. Sólo en el sector energético hay un descuento regulado como éste. Pero es discutible cómo se definen los beneficiarios. Se pueden acoger al bono social las familias numerosas, los pensionistas mayores de 60 años, los parados de larga duración... Creo que habría que cambiar los criterios porque hay familias que son numerosas y no tienen ningún problema económico. Hay que ir a un criterio directamente relacionado con el nivel de renta. Será uno de los primeros cambios que hagamos en la próxima legislatura.

 -También tiene planteadas demandas de inversores internacionales por el recorte a las primas en renovables ante el tribunal de arbitraje internacional. ¿Qué ocurrirá si se les da la razón?

 -No creo que vaya a ser así porque no hemos elaborado ninguna ley que discrimine entre inversores nacionales e internacionales. La norma se basa en la doctrina del Supremo, que dice que las renovables deben tener una rentabilidad razonable en consonancia con la evolución del ciclo económico. En cualquier caso, aun suponiendo que todas estas demandas tuviesen éxito y que el Estado tuviera que hacer frente al pago de cientos de millones, en comparación a las decenas de miles de millones que nos estamos ahorrando por haber cambiado el sistema de retribución sería muy poco.

 -A pesar de esas medidas, hasta el final de la legislatura no se ha conseguido acabar con el déficit eléctrico.

     -Lo importante es que ya no se habla de déficit, independientemente de que el superávit se liquide en 650 o 550 millones. Porque va a posibilitar disminuir cargos del sistema, vía pagos de capacidad, para que eso tenga una traducción directa en la factura. Al igual que desde agosto hemos podido aplicar una reducción de 250 millones en costes para bajar el recibo medio un 2% hasta diciembre, para todo el año 2016 podremos aplicar otra bajada en función del superávit final. Veremos no sólo que la luz no subirá sino que, además, bajará.

-¿Cuál será exactamente esa bajada ?

-Los 250 millones de ahorro de agosto permitieron una rebaja del 2%. Ahora tenemos un margen adicional de 350 millones para todo 2016. El porcentaje que baje estará en el entorno del 1%, dependiendo de lo que disminuyan los costes.

-Para bajar aún más la factura, desde el sector se defiende que se saquen del recibo determinados costes que son ajenos al propio sistema. ¿Es partidario de ello?

     -Es lo deseable, que fueran a los Presupuestos, porque lo que financiamos a través de ese costes son políticas medioambientales o industriales. Pero hasta ahora no ha podido ser así porque supondría incrementar el déficit del Estado entre un 0,8% y un 1% del PIB. No han sido tiempos propicios. Pero cuando tengamos equilibradas las cuentas públicas, esos costes no deberían ir asociados a la factura.

-Si se cumplen todas esas promesas, en la próxima legislatura debería bajar entonces la luz.

-En 2011 recibimos un déficit eléctrico que llegó a los 30.000 millones, derivado del Gobierno anterior. Las medidas que hemos ido tomando han provocado un cambio espectacular en estos momentos. Por ello, si las cosas siguen así, si no se toman medidas como las propuestas por otros partidos, como derogar la reforma energética volviendo a incrementar los costes, podrá bajar la factura. Porque disminuir esos costes artificialmente, como antes se hacía, ya hemos visto las consecuencias que tiene.

 -¿Es partidario de aumentar la vida útil de las centrales nucleares?

     -Si prescindiéramos de las nucleares, el precio de la luz aumentaría por encima del 15%. No nos planteamos crear una nueva central, pero, con las que hay en funcionamiento, si el Consejo de Seguridad Nuclear considera que es posible prorrogar su vida útil haciendo determinadas inversiones, seremos favorables. A mí también me gustan las renovables, pero hablemos de los costes que tiene eso. Lo que no puede ser es que con la crisis que habido se les siguiera retribuyendo como si no pasara nada.

-¿Aprobará el Gobierno alguna norma para asegurar la construcción del cementerio nuclear de Cuenca ante la declaración de zona protegida de Castilla La Mancha?

-Lo que hemos hecho ha sido recurrir esa decisión. Y creo que vamos a ganar ese recurso. Porque claramente es una acción torticera de un gobierno autonómico para frenar un proyecto de interés nacional. Espero que haya una medida cautelar para suspender ese acuerdo de la ZEPA, y así el ATC podrá seguir adelante. No espero ninguna medida excepcional del Ejecutivo.

-¿El recorte de las inversiones anunciado por Volkswagen a nivel mundial afectará a los proyectos que el grupo tiene en sus dos plantas españolas?

-Tengo una carta del presidente mundial de la firma garantizando las inversiones. Hay que pensar que las automovilísticas están compitiendo entre ellas y no van a recortar gasto en las inversiones porque, si no, se quedan atrás en la competencia. Lo lógico sería que mantuviera su compromiso en España. Ahora, que finalmente sea así o no, dependerá de la compañía.

-¿Su ministerio se plantea aplicar alguna sanción al fabricante alemán, además de que devuelva el PIVE o la parte del Impuesto de Matriculación correspondiente?

-Estamos colaborando con la Fiscalía de Medio Ambiente, aportando toda la documentación que nos han requerido. Y la empresa se ha comprometido a asumir los costes de las ayudas e impuestos a favor del Tesoro. Pero, además, nos estamos coordinando con la Comisión Europea en cuanto a las acciones a desarrollar por todos los países. Hemos decidido realizar inspecciones muestrales en vehículos en circulación que hayan sido homologados por cada país miembro.

-¿Cuándo y cómo se practicarán esos análisis aleatorios?

     Se trata de un programa que se va a comenzar a realizar en los próximos días. Se actuará sobre vehículos del parque móvil que están circulando para comprobar su nivel real de emisiones.

-¿Eso significa parar coches de particulares para inspeccionar sus emisiones?

-No. Se hará sobre vehículos que están circulando por la calle, pero no se les va a parar.

-Entonces ¿el examen se realizará en las ITV?

-No. Es una solución muy fácil. Consiste en que vehículos que están en el parque móvil, puede ser de agencias de renting o de particulares, se llevan a un laboratorio y se les hacen las pruebas para analizar sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de óxido de nitrógeno (Nox). Y, eso sí, serán modelos de cualquier marca, no sólo los de Volkswagen. Después, todos los estados pondremos nuestros datos recopilados en común y se tomarán las medidas necesarias.

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