18 de Octubre, 20:17 pm
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AND-ECONOMÍA PROYECTO

Proyecto promueve aplicación de cáñamo y esparto a industria y construcción

Noticias EFE

La aplicación del cáñamo y el esparto a la industria y la construcción es el objetivo esencial de un proyecto promovido desde la Diputación de Granada en el marco del Consorcio público privado para el desarrollo del sector de la bioindustria (BBI) y el programa europeo Horizonte 2020.

Al proyecto, que moviliza algo más de 27 millones de euros de inversión, se han sumado 28 organismos de 12 países diferentes, entre ellos España, con presencia de cinco socios granadinos, Francia, Italia, República Checa, Turquía, Alemania, Malta, Rumanía, Letonia, Hungría, Grecia y Reino Unido.

La Diputación de Granada gestionará un presupuesto total que ronda los 6,3 millones de euros en el marco de este proyecto, según ha informado hoy esta institución.

El objetivo del proyecto es la revalorización, innovación, desarrollo e investigación del cultivo del esparto y el cáñamo y sus posibles aplicaciones industriales para desarrollar alternativas innovadoras y fomentar la creación de una industria específica para la elaboración de biocomposites y fibras naturales estructurales para su uso en la industria y la construcción.

La diputada de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, ha presentado hoy la solicitud de la iniciativa y ha destacado que supone una oportunidad "excepcional" para dinamizar el medio rural y generar nueva industria con la consiguiente repercusión en la creación de empleo y tejido empresarial.

De esta forma, pretenden contribuir al desarrollo territorial, estructural y sostenible de 50 municipios del norte de la provincia, constituyendo un baluarte que fomente el empleo a través del aprovechamiento de los recursos naturales del cáñamo y el esparto.

Con este proyecto, también se responde a una estrategia de desarrollo territorial estructural y sostenible, ajustado tanto a los principios generales de la Ley de Economía Sostenible, donde de forma textual se recoge que los poderes públicos en sus respectivos ámbitos de competencia deberán promover una mejora de la competitividad.

Todo ello posibilitará el incremento de la competitividad de la empresas mediante la productividad, a través de la formación, la investigación, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías.

La iniciativa tendrá un impacto importante en materia de investigación, desarrollo e innovación en los sectores económicos implicados en los territorios en los que se desarrolle el proyecto.