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SEGURIDAD SOCIAL

La cara oculta de la nueva tarifa plana para indefinidos

Aunque la cotización por empleados fijos podría impulsar la contratación, la revalorización de las pensiones se podría ver afectada; puede conllevar a una mayor picaresca laboral; y los empleados cotizarán como hasta ahora.

Los perjudicados por la tarifa plana de 100 euros de cotización podrían ser los pensionistas. No los del futuro, sino los actuales. La merma de ingresos que supondrá esta medida, vigente hasta finales de año para los nuevos contratos indefinidos, puede influir en la revalorización de las pensiones. Porque uno de los factores en los que se basa el Gobierno para decidir sobre el incremento de las prestaciones es el de la situación por la que pase la caja de la Seguridad Social en cuanto a ingresos y gastos (junto al número de pensiones y la prestación media). «Al haber menos ingresos para este organismo, existe la excusa perfecta para que las pensiones vayan a la baja», anticipa Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en Comisiones Obreras (CC.OO.). Porque «lo que se está debilitando con esta medida son los ingresos actuales del sistema, y no tanto los futuros», indica.

También Luis Sáez de Jáuregui, director de Profesionales y Particulares de AXA, indica que «lo que ya es seguro es que habrá menos dinero en la caja de la Seguridad Social y eso podría influir en la fórmula de la revalorización de las pensiones, que podrían verse mermadas». El Gobierno aprobó a finales de 2013 una fórmula de revalorización con un límite mínimo de 0,25 puntos y un máximo del IPC más 0,5 puntos, en función de la situación del sistema, y no exclusivamente a través de la inflación, como hasta ahora.

Menos ingresos a corto plazo
Para Sáez de Jáuregui, «se han confundido las herramientas». Este experto recuerda que «los impuestos no son las cotizaciones sociales», y que «un sistema contributivo como el actual sólo tiene el objetivo de buscar prestaciones en función de las cotizaciones». Por ello, «si lo que se quiere es fomentar el empleo, se puede hacer, pero con otros instrumentos con cargo al Presupuesto», afirma este experto.

Los menguantes ingresos de la Seguridad Social han sufrido hasta tres grandes cambios en apenas dos meses. A finales de 2013, el Ejecutivo aprobó que las remuneraciones en especie que recibían los trabajadores (vales de comida o guardería, seguros, aportaciones a planes de empleo, etc.) también cotizaran al sistema, con lo que se conseguían más ingresos. También se apostaba por esta vía mediante el incremento generalizado de las bases cotizadoras: las máximas se elevaron un 5%; y las mínimas, un 2%. Por tanto, ingresos extraordinarios. Sin embargo, la tarifa plana de 100 euros va en el sentido contrario: «No es normal que en 45 días, se pida más con una mano y se deje de pedir con la otra», indica Luis Sáez de Jáuregui.

Para Julio Fernández, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. «había que tomar alguna medida así para sacar a la luz determinados contratos». «Es como una especie de amnistía», indica este experto. «Es verdad que la Seguridad Social ingresa menos, pero a la vez el Estado deja de abonar dinero por la prestación por desempleo», afirma.

Para el trabajador, la bonificación no tendrá efectos. «Seguirán cotizando por los mismos conceptos que hasta ahora», explica Gloria Villar, senior associate del área legal de Mercer. Y al solicitar una pensión, «aunque su empresa haya abonado 100 euros al mes por contingencias comunes, se le aplicará la base correspondiente a su salario y la Seguridad Social asumirá el 'gap'».

Pero no es ésta la única sorpresa que podría esconder la medida. Por ejemplo, las empresas «se beneficiarán de la cuota que abonan al sistema por las contingencias comunes, pero deberán seguir cotizando como hasta ahora por el resto de conceptos, como desempleo, Fogasa o formación profesional», explica Julio Fernández. Este experto señala que «el ahorro medio se situará en el 65 por ciento con respecto a las cuotas actuales».

¿Fraude a largo plazo?
Para una base de cotización media de 2.000 euros, la empresa abonará unos 226 euros al mes (frente a los 598 anteriores), mientras que el empleado mantendrá todas sus cotizaciones intactas y sin rebajas.

Para beneficiarse de esta medida, las empresas deben cumplir los requisitos exigidos por el decreto aprobado el 1 de marzo. Por una parte, no haber despedido por causas objetivas ni por ERE en los seis meses anteriores. Además, los contratos indefinidos deben suponer el incremento de plantilla. Y es necesario mantener a esos trabajadores fijos, al menos 36 meses.

Pero los tres requisitos esconden algún posible perjuicio para el sistema y los trabajadores. Por ejemplo, la fecha que se toma como referencia para no haber despedido en los seis meses anteriores es el 25 de febrero. «Todos los despidos previos a ese día no cuentan», indica Gloria Villar. «Será a partir del 24 de agosto cuando comiencen a contar esos seis meses previos exigidos», afirma esta experta. En cuanto al incremento de la plantilla que el Ejecutivo exige, se tomará como referencia la media de los empleados de la empresa en los últimos 30 días. «Si la plantilla ha disminuido dos meses antes, no se tendrá en cuenta», apunta Carlos Bravo. Y la mayor parte de las dudas surgen en torno al compromiso de mantener el empleo a tres años vista. «La medida es positiva, pero debe haber un control e inspecciones en las empresas que se beneficien para comprobar que mantienen el empleo», indica Gloria Villar.

Para Carlos Bravo, «las compañías que actúan hasta ahora fraudulentamente utilizando los diversos contratos temporales, van a usar los indefinidos durante tres años para ahorrarse las cotizaciones». Y, según este responsable sindical, «el despido posterior, dentro de dos o tres años, se podrá amortizar perfectamente con la rebaja de las cotizaciones sociales de las que se beneficien ahora».

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