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escándalo de corrupción

Castro acusa a Urdangarín de invocar el nombre el rey para delinquir

Melchor Saiz-Pardo

El juez Castro sostiene que usó el «amiguismo», el «compadreo» y la «prepotencia» para conseguir contratos públicos. Según el magistrado, todo el entramado de Nóos se basó en la figura del Duque de Palma.

Usó el nombre del Rey, de la Casa Real y el de su propia mujer para hacer negocios ilícitos. En síntesis, «utilizó en su exclusivo beneficio el área de influencia que suele ser inherente a la más alta Institución del Estado». Movido siempre por el «desmedido ánimo de lucro» no tuvo problemas para valerse del «amiguismo», el «compadreo» e incluso la «prepotencia» para conseguir contratos públicos a los que jamás habría podido optar si no fuera por el «respaldo que le brindaban altas personalidades vinculadas a Zarzuela».

Son 542 páginas plagadas de descripciones de presuntos delitos, irregularidades y chanchullos. Es el auto en el que el juez del 'caso Nóos', José Castro, fija una fianza civil de 8.189.448,44 para Iñaki Urdangarin y Diego Torres para responder de las responsabilidades pecuniarias a la que se enfrentarán si son condenados por falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. Los dos exsocios tienen cinco días para depositar en la cuenta del juzgado, de manera solidaria, ese dinero -con un aval, en efectivo o con bienes como garantía- bajo la amenaza de embargo.

Pero esa resolución es mucho más que un auto para fijar una caución. Es casi un escrito final de acusaciones, en el que el juez, por primera vez y tras dos años de investigaciones, pone negro sobre blanco cuál era la, a su juicio, verdadera actividad del yerno de don Juan Carlos y qué era la galaxia Nóos.

Modus operandi

Desde el principio, Castro deja claro que todo el entramado Nóos se basó en la figura de Urdangarin y en el uso de sus contactos con la Casa Real. De no haber sido el yerno del Rey, explica el instructor, la fundación nunca hubiera llegado a ser lo que fue. «La directa intervención en persona de Urdangarin» y «el anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas con la Casa del Rey» provocaba que «relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contratación pública» se doblegaran a las peticiones del duque de Palma «prescindiendo de los obligados trámites», aun cuando los trabajos que éste les ofrecía no tenían ninguna «utilidad» para las administraciones.

Luego los dos cabecillas de Nóos, «conscientes de que ningún control se ejercería sobre el cumplimiento del encargo» por ser quien era Urdangarin, «despachaban» el trabajo de «cualquier manera». Según el juez, en esa estrategia de usar el nombre de la Casa Real para coaccionar a administraciones y ciudadanos privados participó activamente el secretario de las infantas, el ya imputado Carlos García Revenga, quien «faltó deliberadamente a la verdad» para conseguir dinero para la fundación.

Uso de la Casa Real

El juez insiste en que el yerno del Rey en su «misión de captación de entidades privadas e Instituciones Públicas para la concertación de muy variados negocios» no dudó en «cantar las ventajas» que para el cliente sería cerrar un negocio con Nóos, que suponía «contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste (la infanta)» y de Revenga que se presentaba como «asesor de la Casa Real».

Facturas y paraísos

Obtenido los contratos públicos, el beneficio se «derivaba» hacia las empresas de los dos socios a través de facturas falsas o por encargos que se hacían a estas firmas con presupuestos «sobredimensionados escandalosamente». «Se cruzaban facturas entre sí para disminuir la base de aplicación de Impuesto de Sociedades», explica el instructor, que detalla que hay «centenares de correos electrónicos» entre los implicados para urdir esos chanchullos. Y como muestra incluye un mail entre dos asesores: «Este trimestre nos hemos inventado el resultado del IVA porque no hay papeles. Acuérdate de traer los ajustes extracontables». Pero cuando las facturas no eran falsas, Urdangarin y su socio «procedieron a la derivación del beneficio obtenido al paraíso fiscal de Belice» a través de las sociedades de Goes en Londres y en el Caribe, explica la resolución.

"Compulsivo"

El juez señala que fueron «tan sustanciosos los beneficios» de Nóos merced al acoso a entidades privadas y públicas que Urdangarin y Torres perdieron cualquier escrúpulo a la hora de esconder que la fundación era todo menos filantrópica. Castro explica que los dos exsocios «se afanaron de una manera compulsiva en facturar inverazmente contra aquélla (Nóos) por cuantos conceptos tenían a su alcance».

Ánimo de lucro

«Nóos dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro», apunta el juez, que aclara que, en realidad, jamás pretendió ser otra cosa que un negocio privado. «Ni en los fundadores de Nóos ni en la de quienes han venido rigiendo sus destinos se alitó en ningún momento ese desprendimiento económico del que dicen haber hecho gala y del que se prevalecieron para obtener contrataciones públicas que, de otro modo, no hubieran podido conseguir». Castro es tajante: la fundación «en la realidad estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro».

Administraciones

«Dista mucho de que Urdangarin y Torres -relata el auto- sean los únicos criminalmente responsables» de los más de seis millones de dinero público malversado. El juez ya adelanta que es «imposible imaginar» tal desfalco sin los responsables de las administraciones valenciana y balear, «merecedores del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos».

Valencia

Los convenios firmados por las administraciones valencianas entre 2004 y 2006, y por los que el duque obtuvo más de tres millones, «prescindieron de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo y oficiosidad», asegura el juez sin medias tintas. Un descaro que alarmó a los inspectores que han revisado esos contratos: «Los redactores del presente informe (con muchos años de servicio en su actividad profesional) jamás se han encontrado con un supuesto como el contemplado». Castro llega a hablar de «lamentables» convenios firmados por el yerno del Rey y las autoridades valencianas basados exclusivamente en «favoritismos y compadreos».

Baleares

En Baleares, donde Nóos se llevó más de dos millones de dinero público, el juez asegura que el duque llegó incluso a una suerte de coacción. En las islas se «aparcó toda la normativa sobre contrataciones de las administraciones, doblegándose ante quien se presentaba enarbolando una prepotencia, sin duda alguna derivada de su parentesco con el Rey». «Fue una abierta imposición», sostiene el juez, quien tilda de «escandaloso» que ningún reponsable del Ejecutivo de Jaume Matas se «molestara en recabar la más mínima acreditación» del dinero que se le daba al marido de la infanta Cristina.

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