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tras la última sentencia a favor del país

¿Afectado por los bonos islandeses? La única solución es demandar al banco vendedor

Los ahorradores españoles afectados por la quiebra de los bancos islandeses ya solo tienen una única estrategia para intentar recuperar su dinero. Demandar al banco que les vendió los productos. Tras la sentencia conocida hace un par de días, en la que el tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) dijo que Islandia tenía derecho a no devolver el dinero de sus bancos quebrados, es prácticamente la única alternativa.

El conflicto viene de largo y ha generado ya una oleada de reclamaciones judiciales, pero la única vía consiste en intentar que los bancos comercializadores del producto se hagan responsables. Reclamar al estado islandés ya no es una opción. Según explica el experto Alvaro García Graells, del bufete Law Intelligence, que tiene abiertas numerosas causas y ya ha ganado otras tantas, la sentencia no afecta al ahorrador español puesto que hace referencia a un acuerdo entre el estado islandés, Reino Unido y Holanda.

En virtud de este pacto, el gobierno islandés se había comprometido a reembolsar el dinero de sus bancos quebrados a clientes británicos y holandeses, fondos que previamente habían adelantado Reino Unido y Holanda a los inversores afectados. Pero los propios ciudadanos islandeses rechazaron en referéndum tal posibilidad. El argumento era simple. No había ninguna obligación legal de asumir el agujero de un banco privado.

Así las cosas, no sirve de nada reclamar al estado islandés por haber comprado los bonos de las entidades afectadas, en este caso la firma Landsbanki y su filial Icesave. La solución es plantear la demanda legal al banco. García Graells considera que la acción judicial se debe ejercer en el caso de que las entidades que vendieron estos productos hayan infringido la legislación vigente en cuanto a asesoramiento y suministro de información correcta a los clientes.

"Si se demuestra que el perfil no era el adecuado y que el banco asesoró un producto que no se adecuaba al cliente si tiene mucho sentido la demanda", explica el letrado. Además, García Graells considera que todavía se está a tiempo de interponer una demanda, aunque ya han pasado casi cinco años desde que estallaran los problemas. Esto es así porque lo que se ha de solicitar es la nulidad radical de los contratos. Pero eso sí, siempre que se demuestre que el asesoramiento y que el cliente no tenía una cultura financiera que le permitiese entender el producto.

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