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administración

Unos 30.000 dependientes fallecidos cobran las ayudas por un error

D.Valera

La falta de actualización de una base de datos provoca que el Estado destine 140 millones de euros a estas personas, según un informe del Tribunal de Cuentas

La falta de actualización de las bases de datos de dependientes entre los distintos niveles de las administraciones -autonómica y central- provocó que casi 30.000 beneficiarios pudieran seguir cobrando su ayuda después de haber fallecido. Así lo pone de manifiesto un informe preliminar del Tribunal de Cuentas conocido este miércoles que analiza la gestión económica de la aplicación de la ley de Dependencia entre 2007 y 2011. El documento deja claro la total descoordinación y errática gestión de las ayudas a la dependencia por parte de los organismos públicos.

En su análisis demoledor el Tribunal de Cuentas denuncia que 29.169 personas se encontraban «indebidamente incluidas en la aplicación informática SISAAD como beneficiarias del sistema después de haber fallecido». El documento denuncia que la omisión de la información se debió a la «falta de comunicación de estos decesos por parte de las comunidades autónomas» a la aplicación informática. Esta falta de actualización de la base de datos provocó que el Estado a través del Imserso -el organismo encargado de gestionar las ayudas de dependencia- siguiera abonando a los Gobiernos regionales el porcentaje correspondiente de la prestación.

Sin embargo, eso no significa que la familia de los beneficiarios fallecidos recibieran el dinero. De hecho, como el propio informe denuncia, es posible que las comunidades sí que dejaran de abonarles la prestación al ser informados del deceso. Por eso el informe concluye que se produjo una «financiación indebida de estas comunidades», ya que el dinero nunca llegó a su destinatario final (ya fallecido).

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas también tira de las orejas al Gobierno central al recordarle que es el Imserso el responsable de la «administración», «mantenimiento» y «actualización» de la aplicación informática. Una vez detectado el problema, el Imserso ha logrado recuperar más de 140 millones de euros de ayudas concedidas a las comunidades autónomas indebidamente. Entre las comunidades con más beneficiarios fallecidos se encuentran Andalucía (4.194), Castilla y León (4.105) o País Vasco (3.444).

«Lo importante es que hemos puesto en marcha que la información de los ministerios se traspase directamente a las comunidades», explicó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el Consejo Territorial de Dependencia. Hacía referencia al acuerdo de mínimos adoptado entre Gobierno y comunidades para dotar al sistema de dependencia de datos más homogéneos y fiables.

Mucho más crítico se mostró el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, quien acusó al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de la mala gestión. «El informe pone en evidencia no solo elementos de mala gestión, sino de falta de coordinación en las prestaciones», aseguró.

Además el informe del Tribunal de Cuentas, que se encuentra en fase de alegaciones, también critica las listas de espera, las diferencias en las prestaciones de las distintas comunidades y defiende los servicios profesionales sobre los familiares.

Los problemas de coordinación en el desarrollo de la normativa aprobada en 2006 ha sido una de las críticas constantes de los responsables del Partido Popular contra la ley. En ello ha basado el Gobierno la defensa de los cambios aprobados en varios decretos y que este miércoles han sido ratificados en el Consejo Territorial. Entre ellos la unificación de los servicios, las cuantías máximas de las prestaciones entre las comunidades autónomas. También se aprobó un catálogo de referencia de servicios sociales común. «Buscamos la fórmulas para agilizar la normativa y priorizar la ayuda a grandes dependientes», aseguró Mato. De hecho, uno de los objetivos del Gobierno es potenciar en un plazo de cinco años los cuidados profesionales frente a los familiares, una ayuda que el PP siempre ha considerado excepcional.

Problemas de financiación

Pero la financiación sigue siendo el gran escollo y la principal queja de todas las comunidades. Las regiones gobernadas por el PSOE criticaron las propuestas del Ministerio, que en su opinión, siguen la senda de «desmantelamiento del sistema de bienestar» marcado por el Gobierno y que buscan la privatización de los servicios a través de la profesionalización de los cuidadores. La consejera andaluza, María Jesús Montero, explicó que el nivel acordado de financiación de las dependencia está representando un quebranto a las comunidades en el sostenimiento» de esta prestación. A su juicio, los servicios de dependencia «sin duda» corren peligro porque las autonomías no pueden compensar la disminución de la financiación que aportaba el Gobierno central. «Lo que no podemos sostener es que otra administración se retire porque esto hace inviable el desarrollo de la ley», añadió Montero. Una opinión compartida por la consejera asturiana, quine lamentó las «medidas de recorte» del Gobierno en la ley de dependencia. A su juicio, se produce con esta reforma de la ley «una clara orientación hacia la privatización de servicios».

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