28 de Noviembre, 10:26 am

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entre un 7% y un 30% menos

El Gobierno plantea que los jubilados parciales cobren menos pensión

Amparo Estrada

Propone a los grupos parlamentarios introducir un coeficiente reductor que ahora no existe.

El Gobierno estudia que los trabajadores que se jubilen parcialmente perciban una pensión inferior que la que correspondería por su cotización. Entre las medidas que el grupo parlamentario popular ha planteado en la reunión de portavoces del Pacto de Toledo se incluye la aplicación de un coeficiente reductor en las pensiones de quienes se hayan acogido a la jubilación parcial.

Hasta ahora, no existen coeficientes reductores en estos casos porque el trabajador y la empresa siguen cotizando como si trabajara a tiempo completo durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial. Con la propuesta del Partido Popular, el cambio sería de tal magnitud que un jubilado a tiempo parcial cobraría una pensión a lo largo de toda su jubilación que podría ser entre un 7% y un 30% -en función de si lo hace entre uno y cuatro años antes de la edad legal de jubilación- inferior a la que le correspondería sin la reducción. 

El Ministerio baraja que los coeficientes reductores a aplicar sean los mismos para la jubilación anticipada y la jubilación parcial; la ley 27/2011 de reforma de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero, excepto en lo concerniente a la jubilación parcial y anticipada, establece un coeficiente reductor del 1,875% por trimestre (7,5% anual) para los trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados, y del 1,625% por trimestre (6,5% anual) para los trabajadores con más de 38 años y medio.

En la reunión, que apenas duró una hora, la oposición parlamentaria mostró su rechazo a introducir coeficientes reductores en la jubilación parcial «porque el trabajador sigue cotizando al cien por cien», señaló la portavoz del grupo socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa.

El portavoz del PNV Emilio Olabarría explicó que, con la orientación que presenta el PP, la reforma «resultaría fallida» porque no serviría ni para que el ajuste fuera «menos traumático» en los expedientes de regulación de empleo ni para cumplir el objetivo de formación. Olabarría insistió en que, hasta 2027, la mayoría de los trabajadores se va a seguir jubilando a los 65 años porque habrán cotizado más de 38 años y medio en cuyo caso la ley lo permite, por lo que no se ampliará hasta esa fecha la brecha entre la edad legal de jubilación y la edad a la que se puede jubilar anticipada o parcialmente; de ahí que no vea la urgencia de hacer una reforma sin analizarla suficientemente.

El portavoz de CiU Carles Campuzano recalcó la «inoportunidad» del planteamiento del Gobierno en un momento de crisis económica y coincidió con el diputado del PNV en la importancia que tiene la jubilación parcial o anticipada para permitir que las empresas ajusten plantillas con menos trauma social.

El Gobierno justifica la necesidad de penalizar la jubilación parcial en el coste que tiene para la Seguridad Social (84.563 euros por los pagos de pensión realizados durante el periodo de antícipo de medida en cada jubilación parcial) y en que no ha cumplido el objetivo de formación con el que fue concebida (el trabajador relevado debería formar al relevista). Además de imponer coeficientes reductores, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene sobre la mesa retrasar la edad a 63 años para acceder a la jubilación parcial -ahora está en 60 años con condiciones- y aumentar la jornada laboral mínima que debe realizar el jubilado parcial hasta el 50% -en la actualidad está en el 25%, aunque según los datos del ministerio la jornada media de trabajo en 2012 apenas superó el 20%-. También se plantea imponer más exigencias al contrato de relevo para que tome más relevancia el componente de formación, el único punto donde el PP ha encontrado respaldo entre el resto de los grupos parlamentarios.

El plazo que se ha autoimpuesto el Ejecutivo para modificar tanto la jubilación parcial como la anticipada acaba el 31 de marzo. Pero no quiere quedarse solo al reformar las pensiones. Por eso, «no es descartable» que modifique sus pretensiones, asegura Joan Coscubiela, portavoz de La Izquierda Plural en el Pacto de Toledo.

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