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VÍCTIMAS DE LA CRISIS

Desahucios: ¿Por qué no es suficiente el nuevo marco para evitarlos?

Cristina Vallejo

Hacen falta cambios en la ley de enjuiciamiento civil, ampliar el espectro de hogares que se pueden acoger a estas medidas y adaptar la ley concursal para que dé cobertura a las familias.

Hacen falta cambios en la ley de enjuiciamiento civil, ampliar el espectro de hogares que se pueden acoger a estas medidas y adaptar la ley concursal para que dé cobertura a las familias.

Algo debía hacer el Gobierno. Porque ya han tenido lugar casi 400.000 ejecuciones hipotecarias (aunque no todas sean de familias, también las han pedido las empresas) en España y porque hay otras 200.000 familias (en este caso exclusivamente familias) en riesgo de correr la misma mala suerte, según se deduce del dato del saldo vivo de créditos morosos a hogares para compra y rehabilitación de vivienda, que ascendía a 20.800 millones de euros a cierre del primer semestre. Además, la gente se estaba movilizando. Las huelgas puede que ya no sirvan para nada, pero lo que está claro que es útil es la lucha por solucionar los problemas concretos de la gente.

El Gobierno ha dado un peso, pero claramente insuficiente. Hace unos días, hablamos de Julio Rodríguez, ex presidente de Caja de Granada y del Banco Hipotecario, (la entrevista completa se publica hoy en la revista "INVERSIÓN") y nos contó qué tres pasos serían necesarios para solucionar, de una vez por todas, esta tragedia social.

En primer lugar, hay que entender la dinámica en la que entra una persona que no puede pagar su hipoteca. Esta persona compró una vivienda que costaba 100 con una hipoteca de 80. Deja de pagar en un momento determinado y transcurren dos años que es el periodo que transcurre desde que se determina que un crédito se declara fallido hasta que se produce la ejecución y, a continuación, la subasta. En ese momento, una deuda que era de 80 se ha podido incrementar hasta 120 o 130, por las costas y los intereses de demora. Si a la subasta no acude nadie, el banco no devuelve 100, que era lo que costaba la vivienda, sino el 50% de la nueva tasación. Por lo que quien ha perdido su vivienda termina el proceso, además, con una deuda del 70%.

Ante esta situación, Rodríguez es partidario de realizar las tres siguientes modificaciones:

1. Reducción de la dureza de la ley de enjuiciamiento civil, vigilando que los intereses de demora no sean excesivos, procurando, también, que la tasación que se utilice fuera la que se hizo al principio, no la del último momento del proceso, elevando el slario no embargable. Este cambio de la ley de enjuiciamiento civil llevaría consigo una transformación de la ley hipotecaria: implicaría que ya el endeudado no debería responder a la deuda con todos sus bienes. 

2. La segunda línea de actuación partiría del código de buenas prácticas al que la banca se acogía de manera voluntaria, pero de manera más ambiciosa a como lo ha hecho el Gobierno con sus últimas medidas. Porque los umbrales de renta y circunstancias personales siguen siendo muy reducidos. Hay que tener en cuenta que este problema ya no afecta sólo a los trabajadores de ingresos muy bajos o a quienes siempre han tenido muy cerca el riesgo de exclusión social. También los trabajadores de ingresos medios o incluso altos están perdiendo su vivienda.

3. La tercera de sus recomendaciones es la más ambiciosa y es la que busca que España en este capítulo se parezca a los países de su entorno. Si se ha realizado una dura reforma laboral para que el mercado de trabajo español sea similar al del resto del continente europeo, ¿por qué no se hace lo mismo con este tema? Y, no, no nos referimos a la dación en pago que, en realidad sólo se aplica en algunos estados de EE.UU. y, de alguna manera, en el Reino Unido. Lo que defiende Julio Rodríguez es la adaptación de la ley concursal para que los hogares puedan acogerse a ella. Bajo su protección, un juez podría declarar la insolvencia de una familia y paralizar el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Si el Gobierno no ha ido más allá se dice que es por presiones de la banca y también de Bruselas. Pero, ¿de verdad tendría consecuencias tan perniciosas para las entidades? ¿Son un problema las viviendas de los particulares, pero no las de los promotores, a los que sí aplican la dación en pago? Demasiadas incógnitas.

Lo que sí es cierto es que, de aplicarse las medidas antes descritas, lo más probable es que el banco sea más riguroso en materia de concesión de préstamos. Como se reduce el espectro de garantías del prestatario con respecto al prestamista, el banco cobrará unos tipos más elevado. También la proporción préstamo-valor puede ser un poco más reducida de lo que era hasta ahora. Aunque se endurezca la capacidad de acceso a la vivienda, ello podría no ser necesariamente malo: podría contribuir a que el precio de los pisos no subiera tan rápido y que el mercado del alquiler pudiera desarrollarse de verdad.

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