El Gobierno reconoce al fin públicamente que pedirá lo que llama una línea de financiación preventiva -algo que la opinión pública identifica como rescate-, aunque añade que no necesita utilizarla, mientras explica que lo hace con el fin de desbloquear la compra de deuda por el Banco Central Europeo.

Se lo ha contado primero a los corresponsales extranjeros, seguramente con el propósito de frenar una avalancha de informaciones y reportajes internacionales que, junto a urgir el rescate, aprovechan para describir un escenario económico nada atractivo. España se puede permitir -les ha dicho- pedir auxilio para que no le exijan un interés desorbitado por la financiación en el mercado donde operan los inversores, pero no necesita que un fondo de rescate, en este caso el MEDE, le compre directamente la deuda al Tesoro.

El Gabinete de Mariano Rajoy, inicialmente muy receloso de repetir una demanda de auxilio a los socios europeos, por el desgaste político que esa doble petición le puede suponer, había decidido ya someterse a las exigencias de Mario Draghi, presidente del instituto emisor de la zona euro, cuando se encontró con la dificultad añadida de que a Alemania tampoco le gustaba la idea. Ahora empieza a despejar los obstáculos exteriores, y confía en que la activación del programa de adquisición de bonos por parte del BCE se convierta, más temprano que tarde, en el detonante de la recuperación.

Necesidades

De puertas adentro, la petición de salvamento virtual refuerza la idea de que ni España necesita realmente dinero, sino financiarse a un 'precio justo' en los mercados. Algo parecido a lo que se intenta hacer con la asistencia financiera de 100.000 millones para la recapitalización bancaria. A pesar de que el primer bono de esta cantidad, por importe de 5.000 millones, llegará a un interés del 1,54% y se calcula un vencimiento a plazo medio de 12,5 años, solo se ha previsto retirar unos 40.000 millones de la cifra total.

El Gobierno negociará primero, y tratará de explicar después, que los condicionamientos adicionales del nuevo memorando no van a deteriorar en mayor medida la economía ni las condiciones de vida de los ciudadanos. Para ello cuenta con los argumentos de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que ha propuesto distintos ritmos de ajuste según países. Su oferta podría basarse en reformas que tendrán efectos a medio y largo plazo, como la propuesta al Pacto de Toledo para definir el factor de sostenibilidad en el cálculo y la actualización de las pensiones.

Las elecciones en Galicia y el País Vasco ya están aquí, y el Ejecutivo ha logrado llegar hasta la fecha sin pedir el rescate. En las últimas jornadas, y mientras prepara la petición y negocia la condicionalidad, el Gabinete de Rajoy también intenta mandar a la población el máximo de mensajes positivos. De la visita de Sheldon Adelson se ha destacado la existencia de financiación para el macroproyecto Eurovegas de juego y ocio, y los ministros se esfuerzan por retrasar al máximo las reformas más conflictivas.

Por eso se espera hasta diciembre para conocer la evolución del IPC de noviembre y entonces se decidirá si la actualización se lleva a cabo 'con o sin' impuestos. También se intentan prodigar las noticias menos negativas, a riesgo de generar expectativas como la de los denostados brotes verdes que percibió la exvicepresidenta económica Elena Salgado. De ahí la insistencia de Luis de Guindos: sin esperar a que el 30 de octubre publique el INE el avance del dato, ahora insiste en la caída del PIB del tercer trimestre se limitará al 0,4%.