Una vez conocidos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, las comunidades autónomas deben acelerar la preparación de sus cuentas. Para que no haya lugar a malentendidos, en julio, todas se pusieron de acuerdo para que el déficit autonómico no supere el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) el próximo ejercicio. Después de casi tres años recortando gasto parece una misión imposible, ¿cómo podrán lograrlo?

De momento, las cuentas solo salen gracias a los anticipos del Estado, que se han incrementado un 525% hasta agosto (al pasar de 4.765 a 29.779 millones de euros, contando diputaciones y ayuntamientos, aunque el grueso es para las autonomías). Para este año su déficit no deberá superar el 1,5% del PIB, y en el primer semestre casi lo cuadraban al no pasarse del 0,77% (8.063 millones de euros). El problema, además de contar con unos adelantos que no se repetirán, es que el Gobierno está haciendo 'trampas', pues hace sus estimaciones respecto al crecimiento económico que prevé para este año... no con el que realmente se está contabilizando trimestre a trimestre. Según este último, el desfase entre ingresos y gastos en el conjunto de las Administraciones Públicas hasta junio alcanzaba los 45.233 millones de euros, lo que supondría el 8,56% de un PIB que, según el INE, solo llegaba entonces a los 528.161 millones.

Y no olvidemos tampoco la abultada deuda pública acumulada por las autonomías (150.578 millones hasta junio, el 14,2% del PIB), con Cataluña a la cabeza (43.954 millones, el 22% de su PIB regional). Tan cuantiosa herencia ha provocado que este año tengan vencimientos por valor de 35.782 millones, de los cuales casi un tercio (12.364 millones) han de afrontarlos este último trimestre... también aquí con las cuentas catalanas en la peor situación (deben refinanciar 4.796 millones).

Políticos y expertos coinciden en que las Administraciones Públicas no pueden seguir con su actual estructura de gastos. Desde el servicio público básico al despilfarro hay mucho euro que reducir. Aunque se introduzca un severo correctivo a la partida de gastos, por el lado de los ingresos -tal cual está la situación económica- queda poco que rascar.

Parece haber coincidencia en que las administraciones autonómicas deben reestructurarse, evitando duplicidades con la Administración central y recortando sobremanera los organismos, instituciones y fundaciones que han creado en torno a ellas un clientelismo con graves problemas de financiación. Tan graves que el profesor de Economía Luis de Velasco estima que las duplicidades cuestan cada año entre el 0,7% y el 2,3% del PIB, casi 24.000 millones de euros.

Las autonomías cuentan con 'consejos de Estado', defensores del Pueblo y del Menor, agencias de protección de datos, observatorios, institutos estadísticos.... Tanto para qué, si como dice el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Bañón, su eficacia deja mucho que desear. Hay muchos más ejemplos. Cada experto con el que se habla saca a relucir otros despilfarros. ¿Cómo es posible que un parlamento autonómico tenga 139 diputados? Madrid sí, recuerda el economista del IE Business School, Juan Carlos Martínez Lázaro.

Demasiada burocracia

Por este motivo, el catedrático de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales de la Universidad de Santiago, Luis Caramés, considera que las comunidades tienen un aparato burocrático mimetizado de la organización del Gobierno central, donde «se pueden podar gastos prescindibles». También -apunta-, «con una buena restructuración y mejora de la organización, y sin reducir el servicio público que se presta», en educación o sanidad. Yaún «existe margen» para reducir gastos corrientes e, incluso, cerrar -aunque sea temporalmente- algunos servicios no indispensables.

Por el lado de los ingresos, sin embargo, el catedrático gallego ve «muy complicado» que se puedan aumentar, daba la fase tan depresiva del ciclo económico. Insiste, no obstante, en mejorar la eficiencia de su gestión, además de «retocar» algunas tasas y negociar -con el Gobierno central y la UE- la continuidad de algunas transferencias, aunque sea difícil.

Martínez Lázaro, por su parte, apunta a la partida de gastos para no rebasar el 0,7% de déficit marcado. Cree necesario un recorte significativo del apartado institucional, simplificando el tamaño de la administración autonómica, amén de aprobar «nuevamente» más recortes de las partidas sociales. Y es que, explica, los ciudadanos «deben ver que no hay dinero».

En los ingresos, estima que a corto plazo el Estado podría permitir una mayor participación en algunos tributos... hasta que se vea qué hacer con el actual modelo de financiación. Aunque el director del servicio de estudios del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales), Rubén Gimeno, amplía las posibilidades de incrementarlos, elevando la presión fiscal. Así, aconseja recuperar el impuestos de Sucesiones y Donaciones -sólo vigente en algunas comunidades- para que las herencias de padres a hijos tributen entre el 30% y 60%, dependiendo de su valor. También propone elevar el impuesto de Transmisiones de Patrimonios Onerosos, que ha sustituido al IVA en la compra de viviendas de segunda mano y está en el 7% -alguna autonomía lo ha colocado en el 8%, si bien se podría llegar hasta el 10%-. Asimismo, se puede recuperar el impuesto sobre el Patrimonio, que el Gobierno lo acaba de prorrogar para 2013, aunque algunas comunidades lo bonifican al 100%. La opción de crear nuevas tasas también está sobre la mesa, aunque su tramitación lleva tiempo, como el cobro de peajes en las autovías. Y en el caso del IRPF, dentro del tramo autonómico, algunas comunidades que daban deducción por compra de vivienda, alquiler, nacimiento de hijo. se plantean reducirlas sobremanera e incluso eliminarlas.

Ingresos dudosos

No obstante, Gimeno reconoce que «hay poco margen», además de que los ingresos dependen de cómo se comporten la economía y los consumidores. Por tanto, lo más factible -otra vez- pasa por actuar por la vía de los gastos. Sostiene en este sentido que hay exceso de funcionarios, y en muchas comunidades sus sueldos están por encima de los del Estado. Por su parte, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Guerrero Rubio, también juzga «complicado» alcanzar ese objetivo del 0,7%. Dados los recortes de los ejercicios anteriores, cree que es el momento de un «nuevo replanteamiento» para buscar la máxima eficiencia en sanidad y educación.

Está convencido de que «no van a poder» (las autonomías) reducir el déficit sin entrar de lleno en ambas partidas ya que, a su juicio, hasta ahora sólo se han hecho «recortes en la periferia». Ello sin olvidar las recetas ya dadas por algunos de sus colegas: reducir el número de empleados públicos, eliminar empresas autonómicas, privatizar o cerrar las televisiones regionales; reducir la representación comercial en el extranjero.

Las tasas públicas individualizadas para cada ciudadano (por ejemplo, según su uso de los medios de transporte), o para financiar servicios públicos concretos, son vías donde Rubio Guerrero cree que las comunidades tendrían opción de mejorar sus ingresos.

De momento, las autonomías saben que tienen el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), con 18.000 millones de euros. Desde que se creó en julio, las peticiones de ayuda suman ya 14.900 millones (Cataluña, 5.023 millones; Andalucía, 4.906; Comunidad Valenciana, 4.500; Castilla-La Mancha, 800 y Murcia, 700). A cambio, tendrán que presentan un plan económico-financiero para la región -cuya 'letra pequeña' está aún por detallar- y cumplir los objetivos de déficit. Los que incumplan serán «castigados» por mal gestores.

Y, mientras, algunas otras autonomías que deberían estar ya elaborando sus presupuestos, están centradas en sus adelantos electorales:País Vasco y Galicia, el 21 de octubre, y Cataluña, el 25 de noviembre. Ésta última, además, con un conflicto abierto con el propio Estado, con cuestiones que se escapan del ámbito presupuestario aunque, además, cuestan dinero.