Por primera vez el Gobierno se vio obligado el pasado mes de julio a recurrir al Fondo de Prevención para pagar las pensiones. Así lo confirmó este martes el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, que cuantificó en 4.400 millones de euros el dinero que hubo que sacar de ese colchón para que los pensionistas pudieran cobrar.

Y aunque desde el Gobierno se insiste en que las prestaciones están más que garantizadas desde Bruselas se viene pidiendo al Ejecutivo reformas que abaraten el gasto que se destina al pago de las pensiones y garanticen la sostenibilidad del sistema.

Para el organismo comunitario, la reforma, aprobada por el anterior Gobierno socialista en marzo de 2010 que retrasa la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 67 años es insuficiente. Y pide que se adelante la entrada en vigor en su totalidad que está previsto para 2027. Esta podría ser una de las exigencias para que el BCE comience la compra de bonos españoles.

Ángel Martínez Aldama, director general de Inverco, cree que el adelantamiento de plazos será unas de las primeras medidas que adoptará el Gobierno para sostener el sistema. Asimismo, otro de los aspectos que quiere destacar el Ejecutivo de Mariano Rajoy es que el cálculo de las pensiones tenga en cuenta toda la vida laboral, lo que abarataría sin duda la prestación a recibir.

Por su parte, José Luis Martínez, estratega de Citi en España, considera, aparte del adelantamiento de la reforma, que Bruselas exija condiciones de ajuste en el presupuesto de las pensiones. En estos momentos más del 12 % del PIB (40 % del presupuesto del Estado) registra crecimientos a ritmos del 3,3 % anual. Por eso no descarta recortes y hasta revaluación de los pagos.

"Es un tema político, pero argumentable desde el punto de vista técnico ante la necesidad imperiosa de poner un techo realmente a la evolución del gasto para reducirlo después", concluye el analista.

Aldama recuerda que en Europa hay varios modelos contributivos. Por un lado los países del sur de Europa, que optan por prestaciones públicas, los del Norte, con un sistema mixto, 50% público y otro 50% privado.

En cuanto a la ruptura de una de las dos huchas de las pensiones, Aldama no lo considera alarmante, ya que se produce cuando "llevamos cinco años de crisis, con los ingresos cayendo, lo alarmante sería que se hubiera producido a los dos".

Eso sí, desde Inverco no descartan y debido al actual panorama de crisis económica una bajada de las pensiones , por ejemplo, de las máximas o la congelación de las mismas. Asimismo, también cree que probable que se acelerar el aumento de la edad de jubilación a los 67 años antes del calendario previsto.

Por su parte, Juan Ramón Rallo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Instituto Juan de Mariana, se muestra muy crítico con el actual sistema público de pensiones y asegura que sin crisis sería insostenible demográficamente además de generar prestaciones muy bajas.
Para él economista, un sistema ideal sería uno mixto que permitiría ahorrar y capitalizar a la población y, para ello, "hay que darle herramientas como la bajada de impuestos e incentivar los productos de ahorro".

Para el actual sistema, Rallo no se muestra muy optimista y cree que el sistema de pensiones está abocado al fracaso, no siendo un problema de gestión, por lo que espera una bajada de las prestaciones a la vez que se confirman las exigencias de Europa una vez que se solicite la compra de deuda pública.