El mercado da por hecho que se van a producir varias integraciones entre las entidades pequeñas y medianas del sector: Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Ibercaja, Liberbank, Caja 3 y Unicaja-Caja España son las candidatas que buscarán pareja o ya lo están haciendo. Al parecer, el obstáculo en algunos casos está relacionado -como ha sido el caso de anteriores ocasiones- con el reparto accionarial en la eventual fusionada.

Capítulo aparte merece Bankia, objeto de todas las miradas y especulaciones, pues como decía recientemente un analista: "La reestructuración bancaria en España es Bankia".

La entidad presidida por Rodrigo Rato ha dejado claro que su deseo es continuar sola, sin nuevos compañeros de baile, como lo demuestran acciones que ha llevado a cabo como el canje  de preferentes.

Además, cualquier integración con Bankia sería muy compleja desde el punto de vista de los costes de integración, pues el volumen de Bankia obligaría a una importante reducción de oficinas y de personal. Su tamaño también supondría una amenaza para la libre competencia en el sector, lo que obligaría a desinversiones.

Por este motivo, hay quien cree que ninguna entidad grande desearía meterse en ese jardín, de no contar con un gran Esquema de Protección de Activos (EPA), cosa complicada de obtener dada la reiterada oposición del Gobierno del PP a contribuir con dinero público.

En general, para las entidades cotizadas sería difícil de explicar ante los inversores una eventual operación que aumente la exposición al mercado minorista local y al problema del ladrillo, de no contar con algún tipo de apoyo que haga interesante la operación.

"Si uno de los dos grandes bancos, o incluso un Popular o Caixabank se pone a comprar algo sin un EPA, la penalización que tenga en el mercado podría ser bonita", asegura Nuria Álvarez, analista de Renta 4

"Aunque los EPA en principio no están contemplados (por el Gobierno), los va a tener que haber porque, si no, los bancos no van a comprar. No están en una situación para tirarse a la piscina", añade esta analista de Renta 4.

La praxis demuestra que las entidades intervenidas que sean subastadas sí podrían recibir un esquema de protección de activos, como ocurrió en el caso de la CAM. Pero cosa muy distinta serán las integraciones entre entidades no intervenidas. En ese caso, lo más que podrán recibir será financiación del FROB mediante cocos (bonos convertibles contingentes), de acuerdo con el decreto ley del Gobierno.

"El 99% de las operaciones son viables como integraciones normales, sin Esquemas de Protección de Activos, y con el único apoyo financiero del FROB", explicaban recientemente fuentes cercanas a las operaciones.

Aunque el Gobierno de momento no la contempla, una opción que ya empieza a escucharse en el mercado es la posibilidad de que el FROB preste dinero al Fondo de Garantía de Depósitos, de manera que sea el propio sector el que contribuya al coste de la reestructuración.

Aun así, algunos creen que las grandes entidades españolas tienen un interés limitado en aumentar su exposición al mercado español y parece difícil que protagonicen algún tipo de operaciones.

Nuria Álvarez, en cambio, disiente. "No te puedes quedar atrás en un proceso de concentración porque, si no, puedes pasar de ser un grande a ser un mediano", explica esta analista, quien dice haber detectado un cambio de actitud en BBVA y Santander en los últimos meses.

En todo caso, habrá que ver cómo se encajan todas estas piezas de manera que se cumpla el objetivo del Gobierno de reducir el exceso de capacidad del sector, que según las estimaciones de los analistas -que fuentes gubernamentales dan por buenas-, se eleva a un 30% desde el techo alcanzado antes de la crisis. Hasta ahora, esa capacidad sólo se ha reducido un 10%.