Más allá de la reestructuración bancaria
La reforma del sector financiero no se puede dar por concluida sin una mayor transparencia y protección de los consumidores
A punto de iniciarse la parte más decisiva de la reforma bancaria española, resulta muy esperanzador que el partido en el Gobierno no se fije como único objetivo la reestructuración del sector en busca de una mayor capacidad para hacer frente a los envites de una crisis que todavía nos reserva muchas sorpresas. El sector bancario debe encontrar su solvencia en base a una valoración real de sus activos, pero su futuro no depende sólo de ello. La banca debe asumir que la crisis ha supuesto un nuevo escenario para el desarrollo de su negocio y que se impone, sin duda, un nuevo tipo de relación con la sociedad y, particularmente, con su clientela.
La experiencia nos demuestra que esos compromisos sólo los asumirá el sector bancario si se siente requerido por los reguladores del mercado financiero y por la Administración pública. No se trata de reivindicar una política de máxima regulación, aunque nunca se debe llegar a ese estado de dejación regulatoria que propició la explosión de la crisis, sino de apostar por una mayor transparencia de los mercados y protección de los consumidores.
El partido del Gobierno, en la ponencia económica de su XVII Congreso Nacional, apuesta por «una verdadera reforma del sistema financiero», basada en la búsqueda de la estabilidad financiera, pero también en esa transparencia de los mercados y protección de los consumidores. El Partido Popular afirma con razón que sólo sobre estos tres ejes se puede llevar a cabo una política de anticipación y prevención. No le duele prendas tampoco al partido al señalar que se deben exigir responsabilidades a los gestores de bancos y cajas de ahorros que hayan incurrido en una administración desleal o negligente. Estas preocupaciones estuvieron presentes, tanto en Europa como al otro lado del Atlántico, en el inicio de la crisis financiera, pero posteriormente se fueron olvidando como consecuencia de otras necesidades más perentorias. Sólo hace falta esperar que no se trate de simples propósitos de partido que se evaporan, como ha ocurrido muchas veces ante la responsabilidades que impone la acción de gobierno.
Es cierto que, preocupado por sus problemas de liquidez y solvencia, el sector financiero no ha afrontado todavía las nuevas exigencias que le impone esta crisis, más allá de la búsqueda de la estabilidad financiera. Y debe hacerlo con el mismo convencimiento con el que ya asume la necesidad de redimensionar el sector y convertirse en una banca que incremente sus comisiones por los servicios que realiza. Y debe hacerlo también el Gobierno y exigirlo a los reguladores sin permitir que éstos, como ha ocurrido recientemente, se ausenten de sus responsabilidades y permitan que los pequeños ahorradores e inversores tengan que asumir los costes de una crisis que no les corresponde.
Por esta vía sólo podemos ganar mucha credibilidad y eficiencia. Y recuperar la confianza.