LAS CIFRAS DE LA REFORMA

Los activos problemáticos ascienden a 175.000 millones, sobre el total de 323.000 millones de crédito al promotor. La cobertura del suelo pasará del 31% al entorno del 80% y la de la promoción en curso del 27% a aproximadamente el 65%. La cobertura del resto de activos problemáticos del sector promotor y constructor (promociones terminadas, viviendas, etc.) se incrementará hasta el entorno del 35%.

El Gobierno calcula que la necesidad ascenderá a 50.000 millones. Por un lado, se realizarán una dotación extraordinaria de provisiones con cargo resultados de 25.000 millones.

Se constituirá un colchón de capital del 20% (suelo) y del 15% (promoción en curso) sobre los activos más problemáticos (con mayor incertidumbre sobre su valoración). Se realizará con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada,..). Su importe total estimado es de unos15.000 millones de euros.

Para los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria en prevención de un posible deterioro futuro, se exige una provisión genérica de aproximadamente un 7%. La provisión se realizará contra resultados. Su importe estimado está en torno a 10.000 millones de euros.

En caso de necesidad, se abre la posibilidad de financiación con bonos convertibles, en los procesos de fusión. Para ello, se incrementan los recursos propios del FROB, de 9.000 millones hasta 15.000 millones, manteniéndose el límite actual de endeudamiento, con la consecuente mejora en la relación recursos propios/recursos ajenos.

PLAZOS Y FECHAS

Las entidades financieras tendrán hasta el próximo 30 de mayo para presentar sus planes de fusión e integración. En principio, la intención es crear entidades solventes que puedan cumplir con las exigencias que el Gobierno plantea con la reforma. Aquellas que consideren imposible cumplir con el saneamiento por sí solas, podrán plantear su fusión con otro grupo antes de junio.

Para estos casos, el Ejecutivo ha decidido dar un año más de plazo para cumplir con los objetivos de saneamiento de balance planteados por el Gobierno. De esta manera, se pretende agilizar el proceso de fusiones que dará lugar a un nuevo mapa bancario formado por menos entidades, pero, en principio, más solventes y con un balance más saneado.

El Gobierno podrá intervenir en los procesos que lo necesiten, pero De Guindos ha asegurado que no lo hará a cualquier precio. El Ejecutivo exigirá a las entidades un compromiso para facilitar el crédito.

LIMITACIÓN DE SUELDOS

Los presidentes y consejeros delegados de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros. Queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.

Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.

En el caso de las entidades intervenidas (Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia), el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio. Se fija un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades intervenidas y 50.000 euros para consejeros.

OBJETIVOS DE LA REFORMA

Según Luis de Guindos, "con la reforma se mejorará la confianza y la credibilidaddel sistema financiero español, despejando las dudas que existían sobre el valor de los activos inmobiliarios y la viabilidad de las entidades que resulten del actual proceso de saneamiento y consolidación".

El Gobierno pretende que el esfuerzo de provisiones necesarias se realizará de una sola vez, incidiendo en la cuenta de resultados de un único año. El objetivo es que perviva únicamente de las entidades viables, el logro de eficiencias y la eliminación de excesos de capacidad.

Además, la reforma "facilitará un mejor acceso de las entidades a los mercados de capitales y las situará en mejor posición para conceder crédito, aliviando la restricción financiera sobre el crecimiento económico y la creación de empleo". Además, aquellos procesos de fusión en los que tenga que intervenir el Gobierno se condicionarán a una cláusula de facilitación del crédito.

Al obligar al sector financiero a elevar sus provisiones frente a la exposición inmobiliaria se incentivará la salida al mercado de los activos inmobiliarios a precios razonables.

De Guindos ha remarcado más de cinco veces en la rueda de prensa que la reforma no tendrá impacto en el déficit público, pero sí sobre la deuda público.