La UE inyecta 82.000 millones de los fondos de cohesión para espolear el empleo

Con los mercados más calmados desde la multimillonaria intervención del BCE en diciembre, los socios apostaron por destinar los fondos de cohesión aún sin asignar a la creación de empleo. En total, son 82.314 millones de euros, de los que a España le corresponden 10.712.

El objetivo será invertir este dinero en facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y en apoyar a las pymes.

Los Veintisiete llegaron a la cumbre con algo más de aliento que en las últimas citas. Aunque los mercados ya han empezado a apretar ante la posibilidad de que Portugal necesite un segundo rescate, los socios han ganado cierto margen para pensar en cuestiones menos centradas en la contención del virus griego. Además, previsiones como las del FMI auguran una vuelta a la recesión de la zona euro este año, lo que también ha contribuido a que la Unión cambie el paso para intentar favorecer el crecimiento.

El cambio de estrategia no implica dejar de lado los esfuerzos para reducir el déficit. Inspirada por Alemania, la UE cree que unas cuentas equilibradas son la mejor garantía de futuro para una economía competitiva.

Ante esta situación, los Veintisiete acuñaron el término «austeridad inteligente» para maridar recortes y crecimiento. «No hay soluciones rápidas», agregaban las conclusiones de la cumbre en referencia a la necesidad de mantener la guardia alta frente a las embestidas de los mercados.

La medida estrella aprobada para impulsar la creación de empleo pasa por redirigir los fondos de cohesión. Estas cuantiosas partidas, concebidas para reducir las diferencias entre países, podrán volcarse desde ahora en programas para combatir el paro, que en la UE alcanza el 9,8%. No se trata de una inyección nueva, sino de habilitar el dinero que resta por asignar hasta 2013. La cantidad asciende a más de 82.000 millones, pero se mantienen los techos previstos para cada socio. El reparto de los fondos estructurales es una de las grandes batallas cuando se pactan los presupuestos comunitarios cada siete años.

Los socios podrán utilizar el dinero, que en buena medida se destina a la construcción de infraestructuras, para atajar el paro juvenil y apoyar a las pymes. España tendrá a su disposición casi 11.000 millones, un 31% de los fondos de cohesión que se le adjudicaron para el periodo 2007-2013. En principio, el sistema para acceder a estas partidas no varía: las instituciones tendrán que presentar proyectos específicos para los que solicitan respaldo y la UE articulará su cofinanciación, que oscila entre el 50 y el 85% del coste total. En países como Grecia y Portugal, Bruselas accedió hace varios meses a elevar su ratio de participación hasta el 95% para facilitar su acceso a las ayudas.

Ofertas en cuatro meses

En un plano menos detallado, los Veintisiete también acordaron poner en marcha planes a escala nacional para espolear el empleo. Estos programas deberán incorporar el objetivo de que en los cuatro meses posteriores a terminar su formación un joven reciba una oferta de trabajo, una beca o una propuesta para que siga con su preparación. Los socios abogan a su vez por reducir la fiscalidad sobre el empleo y alentar la movilidad.

El plan de crecimiento comunitario se completó con un llamamiento para que el crédito llegue a las pymes y se acelere el desarrollo del mercado único, uno de los grandes emblemas de la Europa sin fronteras.

Pese a que la UE intentó que la cumbre se centrara en el empleo, los socios tuvieron que dedicar parte de la jornada a asuntos que colean desde hace meses. Tras numerosos borradores e intensas negociaciones, los presidentes consensuaron el pacto fiscal. A última hora, había dos países que presentaban alguna reserva aunque parece que pudieron salvarse.

Reino Unido, que no firmará el acuerdo, aceptó que el Tribunal de Luxemburgo tenga competencias sobre su cumplimiento pese a que no se sumarán todos los miembros de la Unión.

La corte comunitaria vigilará la correcta aplicación de la regla de oro, el techo de déficit del 0,5% que los socios deberán incluir en sus constituciones o en una legislación de rango superior. Si detecta irregularidades que puedan favorecer desviaciones mayores en las cuentas, el tribunal podrá imponer multas de hasta el 0,1% del PIB nacional. Polonia fue el otro país que puso pegas en la recta final de las conversaciones.

En un pulso con Francia, Varsovia reclamaba la posibilidad de participar en las cumbres del euro, que el pacto fiscal institucionaliza, pese a que todavía no ha accedido a la moneda única. Se vislumbraba un acuerdo de cara al encuentro de marzo, cuando se firmará el tratado.