El gobierno que lidera Artur Mas, está dispuesto a asumir el coste de la traducción al catalán de los pleitos en Madrid, según aseguró ayer la consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, quien alegó que el ejecutivo catalán tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de sus ciudadanos.

En declaraciones a «Catalunya Ràdio», la consejera aseguró que ya ha hablado de este tema con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «porque la Generalitat tiene la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales».

El mayor uso del catalán en el ámbito de la justicia no llega a un 20% las sentencias redactadas en esta lengua fue objetivo de los anteriores gobiernos tripartitos PSC, ERC e ICV y lo sigue siendo, obvio es, para un partido nacionalista como CiU, aunque en tiempo de recortes el pago de las traducciones en catalán para pleitear en Madrid pueda resultar cuando menos no prioritario. Precisamente, sus problemas de liquidez derivados de una deuda acuciante han llevado al gobierno de CiU a plantear nuevos formas de ingresos, como la aplicación de tasas en el ámbito de la justicia.

Al respecto, Bozal manifestó ayer su intención de mantenerlas, al margen de las que pueda implantar el Gobierno. «Nuestras tasas son autonómicas porque son por el apoyo que la Generalitat da a la justicia en materia de medios personales y materiales, es decir, que en este ámbito el ministerio no puede poner tasas», dijo la consejera, que prevé recaudar entre 15 y 20 millones de euros con esta medida que gravará con hasta 120 euros a los usuarios por la prestación de determinados servicios de la justicia.

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