Los expertos recuerdan que la propia ley ha otorgado un papel crucial a las calificaciones de las agencias en las normas relativas a la solvencia de los bancos, que son el actor más importante en el mercado de deuda soberana. Así, Basilea II establece que los bonos soberanos con una alta calificación de las agencias (high investment grade) son una inversión libre de riesgo para la banca y por lo tanto no consumen capital, es decir, que las entidades no tienen que provisionarse por este tipo de inversión.  

Pero además, el propio Banco Central Europeo da un papel importante a las calificaciones de las agencias a la hora de aceptar deuda soberana como colateral para otorgar liquidez a los bancos. De hecho, no contento con una calificación, exige al menos dos evaluaciones como método para evitar el "rating fishing" (práctica según la cual el emisor en cuestión sondea a las agencias para contratar los servicios de la que sea más "blanda").

Lo mismo ocurre con la legislación sobre solvencia de las aseguradoras, Solvencia II, que obliga a las compañías de seguros a mantener capital en función del grado de solvencia que las agencias de calificación otorguen a la inversión en cuestión.

Pero más allá del tema legal, hay que tener en cuenta el aspecto estructural. Las calificaciones de las agencias de "rating" son una de las herramientas empleadas por los inversores para tomar decisiones respecto a la compra de bonos u otros instrumentos de renta fija.

Aunque cuestionadas, las agencias de calificación cuentan con una gran experiencia y credibilidad a ojos del mercado, por lo que es difícil que surjan nuevos actores que gocen de la suficiente fiabilidad como para competir contra el oligopolio formado por las tres principales firmas (las anglosajonas S&P, Fitch y Moody's).

 

En este sentido, pierde fuerza la idea barajada por la Unión Europea de impulsar la creación de una agencia europea pues, ¿quién se fiaría de las notas emitidas por una agencia promovida por los poderes públicos?, ¿no sería como auto-calificar las emisiones?

La propia ministra de Economía y Hacienda española, Elena Salgado, defendió en su día frente a sus colegas europeos que "las calificaciones externas realizan un papel" muy importante y consideró "complicada" la puesta en marcha de una agencia de "rating" europea.

"Para España, no supone ninguna diferencia que estas agencias tengan su base en Estados Unidos, pues son muy profesionales. Simplemente, tienen argumentos distintos a los que tenemos nosotros", apuntó entonces la vicepresidenta segunda del Gobierno, tras participar en un Ecofin en Bruselas.

En el fondo, subyace la cuestión de si las agencias fomentan una profecía autocumplida. Es decir, degradan la nota de un país ante el aumento de una posibilidad de impago, y de esta manera le dificultan la financiación, incrementando efectivamente la probabilidad de que no pueda cumplir con sus obligaciones.

También se ha criticado mucho que las agencias minusvaloraron el riesgo de las hipotecas subprime, originando la crisis, y después agravaron la situación, al degradar la nota de los mismos países que tuvieron que afrontar con dinero público los agujeros en la banca provocados por el primer embate de la crisis.

"¿Pero qué hacer?, ¿rompemos el termómetro cuando tengamos fiebre?, ¿solucionaría eso el problema?", se pregunta un analista que prefiere mantenerse en el anonimato.

El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, ha respondido recientemente a esa pregunta: "El termómetro no causa la fiebre, pero debe funcionar correctamente para no subirla. Debe medir la temperatura bien, con exactitud y en el momento adecuado. Y este no ha sido siempre el caso".

Barnier tiene previsto presentar una nueva regulación para limitar los abusos del sector en noviembre, aunque ya ha adelantado que se plantea la posibilidad de establecer vetos temporales a la calificación de países en apuros o que hayan necesitado ser rescatados.