El importe de la deuda con las eléctricas de las corporaciones locales es poco menos que un secreto de Estado dentro de las compañías. No sueltan prenda y los ayuntamientos no reflejan muchas facturas en una contabilidad que tampoco es pública, porque en bastantes ocasiones éstas duermen en algún cajón del consistorio esperando tiempos mejores. Pero con una deuda viva por todos los conceptos próxima a los 29.000 millones de euros, los expertos del sector calculan que la cantidad que se debe a las eléctricas puede ser ingente.

Ya se conocen casos concretos que no invitan al optimismo. Por ejemplo, el Consell de Ibiza debe a Endesa 480.000 euros por facturas impagadas desde 2010, según ha publicado la prensa local.  En el ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), la deuda con Endesa se va a los 4,2 millones de euros, el 4% de los 98 millones que debe este consistorio, por lo que ya ha habido cortes en algunas instalaciones. Según informa 'lavozdigital.es', la eléctrica no solo exige un acuerdo serio para el pago de la deuda antigua y garantías del pago del corriente, sino que para devolver la luz a todas las instalaciones afectadas pide un pago de casi un millón de euros.

Hay más ejemplos. En Coín (Málaga) el ayuntamiento debe a Endesa 400.000 euros en facturas de luz desde diciembre de 2010 hasta la fecha, aunque aquí la eléctrica ha decidido no cortar el suministro. No obstante, ha solicitado a los responsables municipales un plan de pagos para ponerse al día. En el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no han tenido tanta suerte y la luz se cortó temporalmente a finales de abril con motivo de una deuda de 1 millón de euros con Endesa.

En Murcia, tal y como ha publicado 'laverdad.es', cinco ayuntamientos incumplen los acuerdos firmados con Iberdrola para ir pagando la deuda contraída. Por ejemplo, en Abarán, han tenido que ingresar urgentemente 100.000 euros a Iberdrola a cuenta de una deuda de 350.000 euros ante la amenaza de corte por parte de la empresa.

No estar en el mercado libre, una ruina

En estos casos ha habido avisos de cortes de luz y en algunos hasta interrupciones temporales del suministro, lo que en teoría esta fuera de la legalidad. Todos estos problemas tienen su origen en el complejo sistema que regula el suministro eléctrico, y en el hecho de que la luz es un servicio muy difícil de contratar en los ayuntamientos. La cuestión es que un contrato puede llevar muchos puntos, diferentes tensiones de suministro (alta o baja) y una gran cantidad de variables que vienen muchas veces grandes a alcaldes y técnicos municipales.  

Hasta 1996 no había muchos problemas, porque había una tarifa regulada y un único operador. Desde entonces, el Gobierno ha ido dando pasos hacia la liberalización del sector eléctrico. En el marco de este proceso, el Real Decreto 485/2009 recoge el corte del suministro a aquellos ayuntamientos que no tengan contratado una comercializadora a precio libre antes de finales del año pasado. Es decir, esta norma trata de presionar a los ayuntamientos (pero también a los particulares) para que migren al mercado libre.

El problema para los consistorios es que las eléctricas los detectan como clientes de alto riesgo y morosos en potencia, por lo que muchos concursos de suministro se han quedado desiertos. De esta forma, el ayuntamiento que ahora mismo no esté en el mercado libre debe pagar la Tarifa de Último Recurso (TUR) más una penalización del 20%, según explica Miguel Marín, socio director de la consultora Eneas Sector Público.

Este precio resulta excesivo para muchos ayuntamientos, que tienen una contratación de luz claramente ineficiente. Para Marín, la mejor opción consiste en racionalizar la compra de suministro eléctrico porque solo con salir de la TUR más el recargo se pueden conseguir ahorros. Ahora bien, el experto reconoce que los ahorros tampoco se pueden garantizar porque al pedir ofertas, las eléctricas suelen mantenerlas vigentes todo lo más una semana. Esto es así porque la energía tiene unos precios muy volátiles y no quieren pillarse los dedos con un contrato anual donde sus costes pueden variar en cuestión de días.

La mejor solución para el ayuntamiento pasa primero por intentar ponerse al día acordando un plan de pagos con la eléctrica y luego intentar conseguir un contrato mejor y más eficiente, especialmente en aquellos consistorios que estén pagando la TUR más el recargo, situación que es muy gravosa para las arcas municipales.

¿Qué pueden hacer las eléctricas?

Si los ayuntamientos tienen un problema a la hora de afrontar estas facturas, no menos grave es el panorama que se le presenta a las eléctricas. No pueden cortar la luz por ley en servicios esenciales como un hospital, y de hecho, cuesta imaginar que alguna compañía deje sin suministro un colegio o una residencia de ancianos. De momento, la vía de la presión parece ser la elegida por las compañías, pero la ley deja margen de actuación.

Según explica Pere Brachfield, experto en morosidad y profesor en la EAE Business School, hasta el año pasado no se podía ejecutar a los ayuntamientos aun teniendo una sentencia judicial, era imposible. Pero todo ha cambiado con la Ley 15/2010  de 5 de julio, por la que los contratistas o proveedores que no hayan cobrado a los 50 días pueden presentar un recurso por la vía contencioso-administrativa.

Esto supone que la administración o el ayuntamiento tendrán que aceptar de manera preventiva el pago de la deuda, aunque luego sea un tribunal quien posteriormente falle a favor o en contra. En caso de que el ayuntamiento alegue no tener fondos, apunta Brachfield, tendrá que incluir una partida para cubrir esa deuda en los presupuestos del siguiente ejercicio. Lo contrario supondría para los proveedores esperar varios años a tener una sentencia judicial en firme. Esta resolución de los tribunales puede ser luego favorable o contraria. Pero de manera preventiva, la ley obliga al pago.