Madrid, 4 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha registrado el primer recurso de casación para que analice la comercialización de las coberturas de tipos de interés, unos productos que permiten que los clientes con préstamos no paguen más de un determinado interés, pero que no les dejan beneficiarse de las bajadas.

Según fuentes del Alto Tribunal, Banesto ha sido la primera entidad en recurrir una sentencia desfavorable, que en su caso dictó la Audiencia Provincial de Oviedo, que el pasado mes de enero condenó a la entidad financiera a anular dos contratos de coberturas de tipos de interés por valor de 2,5 millones de euros.

La banca, que en abril de 2003 empezó a comercializar estos productos, se ha visto inmersa en cientos de litigios que se han saldado hasta ahora con más de un centenar de sentencias de juzgados de primera instancia y audiencias provinciales, con un balance desfavorable para las entidades.

La última conocida ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Amposta (Tarragona) contra el Banco Santander, a quien ya ordenó el pasado mes de marzo que dejara de cobrar cautelarmente la cobertura o "swap" que le colocó a la empresa demandante en 2008.

La juez Sonia Zapater considera que los contratos "tenían una redacción suficientemente confusa" como para llevar a error a la empresa, que no pudo evaluar los riesgos que implicaba la cobertura por la falta de ejemplos o "supuestos prácticos ilustrativos" y la ausencia de previsiones sobre la evolución de los tipos de interés.

En la primera sentencia que ampara a una sociedad anónima, la juez considera también que la confianza depositada por la empresa en el Santander desempeñó "un papel notable en la formación del error", al tiempo que rechaza el argumento del banco de que cualquier compañía tiene conocimientos en materia financiera y, por ello, puede evaluar perfectamente los riesgos de los productos.

"La existencia de un gran número de sentencias en contra muestra que en muchas ocasiones las entidades no han actuado correctamente", asegura el letrado Juan Ignacio Navas, del despacho Navas & Cusí, que ha asesorado a la empresa que demandó al Santander en Amposta.

Navas, presente en centenares de litigios de empresas contra entidades financieras, afirma que las coberturas no son operaciones habituales sino de riesgo o volátiles, lo que obliga a las entidades a conducirse con "una transparencia exquisita", que no se ha dado por lo general.

No obstante, destaca la dificultad de que el Supremo siente jurisprudencia sobre este asunto, ya que debe dictar varias sentencias en el mismo sentido, lo que previsiblemente no realizará hasta dentro de varios años.

Una visión muy diferente sobre la actuación de la banca tienen Borja Fernández de Troconiz y Antonio Vázquez-Guillén, del despacho Allen & Overy, uno de los más activos en el asesoramiento a las entidades financieras sobre estos pleitos y otros relacionados con la quiebra de Lehman Brothers y los bancos islandeses.

Los dos letrados explican que los productos para defenderse frente a la subida del precio del dinero tenían sentido "en el momento de la contratación" porque permitían asemejar los préstamos a tipo variable con créditos a tipo fijo durante un período de entre tres y cinco años.

"Si hubiéramos pronosticado la llegada de la crisis financiera y la caída en picado de los tipos de interés, nadie habría contratado esos productos pero en aquellos momentos se lograba el fin pretendido, que era estabilizar el coste financiero de los préstamos", explica Vázquez-Guillén.

Este socio de Allen & Overy, que defiende que "los contratos hay que respetarlos vayan de cara o de cruz", ha detectado menos de media docena de casos en los que la comercialización había sido incorrecta, de un total de 120 en los que está presente su despacho.

Los bancos y cajas también confían en acabar ganando la batalla porque "quien piense que cualquier entidad va en contra de sus clientes para hacer caja, se equivoca".