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Madrid, 8 ene (EFE).- El Consejo de Ministros examinó hoy un informe sobre el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, en el que se prevé la creación de un tribunal central que resolverá los recursos contra la adjudicación de contratos públicos.
Según la reseña del Consejo, el nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales será independiente y tendrá naturaleza administrativa.
El tribunal se encargará tanto de resolver los recursos que se interpongan contra las decisiones de las entidades adjudicadoras de contratos del sector público como de adoptar las medidas provisionales que sean necesarias durante el periodo de resolución de los recursos.
Según el informe de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el anteproyecto prevé la suspensión de la adjudicación del contrato cuando medie un recurso por alguna de las partes perjudicadas.
Según la futura norma, el tribunal declarará la ineficacia del contrato público cuando el órgano de contratación infrinja las normas relativas a la publicidad de la licitación o impondrá sanciones cuando el interés público aconseje mantener su eficacia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el nuevo órgano administrativo reforzará las "garantías de igualdad en el acceso a la contratación pública, de transparencia y no discriminación en la selección de contratistas".
Para ello, según la reseña del Consejo, se pondrá en marcha un procedimiento "más rápido y eficaz" para que los contratistas puedan ejercitar sus derechos cuando consideren que han sido conculcados en el procedimiento de adjudicación de un contrato público, y obtengan una respuesta administrativa en el menor periodo de tiempo posible.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Contratos del Sector Público adapta la legislación española a la directiva comunitaria sobre regulación de los recursos contra los actos de trámite y de resolución de los procedimientos de adjudicación de los contratos del sector público.
El principal objetivo de la normativa es reforzar la figura del recurso para dar la posibilidad a los perjudicados de conseguir una resolución eficaz antes de que el contrato adjudicado sea operativo.EFE
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