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Madrid, 2 dic (EFE).- La próxima reforma de la Ley Concursal, la que se aplica a las empresas y personas insolventes, baraja dar mayores garantías y seguridad jurídica a los inversores o sociedades que deseen invertir en empresas en dificultades o aquellos que financien a las compañías que ya estén en concurso de acreedores.
Así lo anunció hoy el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, durante la presentación de un informe de la Fundación de Estudios Financieros sobre las necesidades de reforma de la Ley Concursal, la que se aplica a las empresas y personas insolventes.
Hurtado preside el grupo de expertos que se ha creado en el seno de Justicia para elaborar la reforma de la Ley Concursal, que se espera que haya alcanzado unas conclusiones definitivas el próximo mayo.
Durante la presentación del informe, Hurtado señaló que la nueva normativa busca profundizar en la regulación de las "situaciones preconcursales" y dar más garantías a los proveedores y entidades financieras que presten servicios a las compañías insolventes, como reclamaron los autores del estudio, entre ellos el socios de Uría Menéndez Rafael Sebastián y de Garrigues Antonio Fernández.
Según Hurtado, el objetivo de la reforma también es reducir los costes y los plazos de tramitación de los concursos, lo que a su vez busca rebajar la carga de trabajo en los juzgados mercantiles, que tramitan este tipo de procesos.
Para ello, se pretende dar mayor responsabilidad a los administradores concursales (los que nombran los juzgados mercantiles para gestionar o supervisar empresas insolventes), de forma que adopten ciertas decisiones que ahora toman los jueces mercantiles.
Todavía quedan por perfilar los cambios que introducirá el nuevo texto en materia laboral, ya que los expertos siguen analizando estos aspectos, que posteriormente se tendrán que discutir con otros ministerios.
Lo mismo ocurre con el sobreendeudamiento de particulares, donde por ahora el grupo de expertos del Ministerio de Justicia estudia los modelos que existen en Europa, señaló Hurtado, para analizar las posibles mejoras.
El abogado Rafael Sebastián insistió en que "hacen falta" cambios en el concurso del consumidor porque "resulta complejo, caro y excesivamente largo".
De hecho, Sebastián abogó por numerosas reformas en el seno de la Ley Concursal, ya que "el concurso se está convirtiendo en un enterramiento", dado que sólo una de cada 10 empresas insolventes logra sobrevivir al procedimiento.
