Madrid, 29 oct (EFE).- El pleno del Congreso aprobó hoy definitivamente la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la denominada "ley paraguas", que sienta las bases para trasponer la directiva europea de servicios en España.

Tras superar el trámite en el Senado, el Congreso dio luz verde a esta ley que entrará en vigor en el plazo de treinta días una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta ley es complementaria a otra norma, la llamada "ley ómnibus", que se está tramitando en el Parlamento y que pretende modificar 47 leyes estatales de diferentes sectores con el fin de garantizar la liberalización de los servicios.

Con la ley "paraguas" quedan regulados aspectos como la ventanilla única en la Administración o el régimen de comunicación para prestar servicios a excepción de la autorización previa que se necesitará cuando haya una razón de "interés general".

El diputado de ERC-IU-ICV, Joan Herrera, criticó la trasposición de una "mala" directiva europea que a su juicio no ha mejorado durante su trámite parlamentario y acusó al Gobierno de ir "más allá" de una norma europea que se basa en políticas "neoliberales".

Por el contrario, el diputado del PNV Emilio Olabarria dijo que la adaptación de la directiva es "correcta" por lo que su grupo la apoya, aunque no opine de la misma forma con respecto a la ley "ómnibus".

Desde CiU, José Sánchez Llibre valoró el contenido de la "ley paraguas", especialmente por la inclusión de más supuestos para determinar el interés general de la prestación de servicios, los requisitos de tarifas mínimas o máximas, la creación de ventanillas únicas en las distintas administraciones o el uso de todas las lenguas oficiales para formalizar contratos.

El diputado del PP Álvaro Nadal valoró la "aproximación" de diversos grupos en el Congreso, si bien avanzó otra postura para la tramitación de normas que se refieran a asuntos como el comercio minorista o los colegios profesionales.

El Congreso rechazó la única enmienda aprobada en el Senado a través de la cual el PP quería una "normativa reguladora" para poder exigir a los prestadores de servicios la suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan provocar.

Tras esta última votación, debe ser una ley la que exija este seguro, tal y como constaba en el primer texto remitido por el Congreso.

Durante su intervención, la diputada del PSOE Meritxell Batet mostró su satisfacción porque se ha aprobado un "núcleo modular del proceso de integración europea" mediante la liberalización del sector servicios.

Batet valoró también el texto de la ley puesto que, en su opinión, refuerza la cooperación entre las administraciones, simplifica los trámites, potencia la competitividad de las empresas y favorece el cambio de modelo económico.