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Madrid, 14 oct (EFE).- La CEOE advirtió hoy de que la subida de impuestos que contempla el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 "obstaculiza" la salida de la crisis y consolidará "niveles más elevados de gasto público".
Así lo anunció en un comunicado el Comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal, que se reunió hoy para estudiar las cuentas públicas para el próximo año, así como el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
Según la CEOE, los Presupuestos de 2010 "no responden a la difícil situación económica" ni impulsan un nuevo modelo de crecimiento, por lo que consideró que "no son punto de partida para reconducir las finanzas públicas a una senda de sostenibilidad presupuestaria".
La dirección de la patronal advirtió de que la "orientación no es la adecuada" ya que los Presupuestos no "ajustan" el déficit público ni facilitan la actividad empresarial para crear empleo.
En este sentido, resaltó que el aumento de impuestos producirá una "reducción del peso del sector privado a favor del sector público" y criticó el recorte "no justificado" de la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
La patronal explicó que las cuentas del próximo año "no son austeras" y no dan suficientes señales para que las administraciones autonómicas realicen su parte en el esfuerzo de consolidación fiscal.
La CEOE también consideró "excesivamente optimistas" las previsiones macroeconómicas del Gobierno, que "sobrestiman el crecimiento y el empleo".
No obstante, los empresarios se comprometieron a colaborar con el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ya que comparten sus "líneas básicas", como el objetivo de eficiencia en la actuación del sector público, en la gobernanza de los organismos reguladores o en la mejora de la contratación pública.
Sin embargo, la patronal advirtió de que antes de que se desarrolle la nueva ley deberían adoptarse con "urgencia" medidas para evitar la desaparición de empresas.
Al respecto, incidió nuevamente en la adaptación de la normativa laboral española y de cotizaciones a la Seguridad Social a la de los países europeos del entorno y al problema de la morosidad de las Administraciones Públicas, especialmente la de los ayuntamientos.
