El secretario general adjunto del Elíseo, François Pérol, tomará las riendas de la nueva entidad en medio de la polémcia

PARIS, 26 (EUROPA PRESS)

Los consejos de administración de Banques Populaires (BFBP) y Caisses d'Epargne aprobaron esta tarde los principios de la fusión que dará nacimiento al segundo grupo bancario francés, que tendrá unos 34 millones de clientes y 7.700 agencias. Como se había adelantado, y a pesar de la polémica suscitada, el secretario general adjunto del Elíseo, François Pérol, asumirá el mando de la nueva entidad.

El Estado, en línea con lo que había anunciado la ministra de Economía, Christine Lagarde, suscribirá hasta 5.000 millones de euros que se añadirán a los 2.000 millones ya acordados hace meses, en forma de préstamos subordinados, a la nueva sociedad bancaria que centrará su actividad en el banco minorista y, sobre todo, en el mercado francés. Tendrá así una participación del 20% en el capital social del nuevo grupo.

La fusión, impulsada por el Elíseo, coincide con las malas cifras de los resultados económicos presentadas hoy tanto por las dos entidades como por el banco de inversión que ambas comparten, Natixis, principal detonante de las gestiones que han conducido a unificar ambas entidades.

Caisse d'Epargne sufrió unas pérdidas de más de 2.000 millones de euros en el ejercicio 2008, las primeras en la historia del grupo, ligadas básicamente a su filial Natixis, que perdió 2.800 millones de euros. Banques Populaires, por su parte, anunciaba hoy unas pérdidas de 468 millones.

A partir de ahora y gracias a la creación de un órgano central único y de pleno ejercicio para las dos redes bancarias, el Gobierno espera que la fusión cree una "dinámica positiva" y permita a Natixis ser más eficaz al contar con un accionista mayoritario único, según la titular gala de Economía.

"Apoyada en dos grandes redes bancarias minoristas complementarias y descentralizadas, el nuevo grupo tiene como vocación contribuir plenamente a la financiación de hogares y empresas", explica Lagarde.

Los fondos propios aportados por el Estado de hasta un máximo de 5.000 millones de euros se enmarcan en el plan de financiación de la economía en virtud del cual las dos entidades ahora fusionadas se comprometieron a apoyar el crédito a hogares y empresas y "no tienen vocación de convertirse en una inversión a largo plazo".

Esta cantidad, según indica Lagarde, se dimensionará para dar un margen prudencial satisfactorio al nuevo grupo evitando "todo efecto de sobrecapitalización y teniendo en cuenta la capacidad del nuevo grupo de remunerar esta aportación de nuevos fondos propios por parte del Estado".

El Estado francés aportará estos nuevos fondos propios bajo la forma de una combinación de acciones preferenciales convertibles en acciones ordinarias según las modalidades que se definan en el contrato de emisión de estos títulos, así como de títulos super-subordinados.

Las acciones preferenciales serán convertibles, en algunos casos, en acciones ordinarias tras un periodo de entre 3 a 5 años y la conversión de acciones podría llevar al Estado, en su caso a poseer hasta el 20% del capital de la nueva entidad.

También estará presente el Estado en las instancias de gobierno del grupo para proteger sus intereses patrimoniales. La operación se culminará con el acuerdo de la Comisión Europea y la obtención de las autorizaciones reglamentarias. POLEMICA

El nombramiento de Pérol, 'número dos' del Elíseo y estrecho colaborador de Sarkozy, ha desatado una ola de críticas en la oposición, a pesar de que el presidente francés asegura no ver "ningún problema" deontológico.

"La política de nombramientos del Gobierno siempre se basa en el mismo critero: la competencia, la competencia y además la competencia", dijo ayer en Roma tras poner de relieve que no hay polémica cuando nombra a alguien surgido de las filas de la izquierda.

No obstante, la primera secretaria de los socialistas franceses, Martine Aubry, se confesó "sorprendida" y le recordó a Sarkozy que debería saber que es el jefe del Estado y que no tiene por qué nombrar a los presidentes de la banca "entre directores de prensa, fiscales o, en un futuro, jueces de instrucción".

"En ese preciso momento, se cambia de Estado", declaró. "Ya no estamos en una República con una función pública que cumple su función y una función privada que nombra en los consejos de administración hombres y mujeres competentes para dirigirlos", agregó Aubry.

Para el presidente del centrista MoDem, François Bayrou, este nombramiento es pura y simplemente "ilegal" y tropieza al mismo tiempo contra la "deontología" y el código penal".

A su juicio, todos los textos deontológicos y penales prohiben a una persona que haya tenido responsabilidades públicas ejercer una función en la empresa privada antes de un periodo de tres años.

Así pues, Bayrou, cree que Nicolas Sarkozy y sus colaboradores "retoman al más alto nivel las peores costumbres de mezclar el Estado con el poder y sus clanes, y el mundo económico". "Eso no se puede aceptar", remachó.

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