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Las Administraciones Públicas deben a las empresas unos 33.000 millones de euros y el retraso en el pago supera los seis meses, lo que, sumado a la crisis económica, ha llevado a las pymes a una "situación límite".
Éste es el diagnóstico de Jesús Bárcenas, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), quién dijo a Efe que, en este contexto, el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por el Gobierno, que está dotado con 8.000 millones euros, resulta insuficiente.
La morosidad de las Administraciones Públicas no es un fenómeno nuevo, pero se ha acentuado con la crisis económica y sus efectos son ahora más negativos porque el acceso al crédito es más difícil para las empresas. La situación ha llegado a tal punto, subrayó Bárcenas, que ahora, aunque un ayuntamiento entregue un pagaré al empresario, el banco puede no aceptarlo.
El caso extremo que ejemplifica la situación "límite" de las pymes ha sido la reciente amenaza de un empresario de la construcción de quemarse a lo bonzo si el Ayuntamiento de Loeches (Madrid) no le pagaba la deuda contraída con él. El empresario empezó el viernes a cobrar parte de la cantidad adeudada.
Los retrasos en el pago de las Administraciones Públicas, que CEPYME sitúa entre los 180 y los 200 días, muy por encima del tope legal de sesenta días, castigan sobre todo a las pymes, porque, según Bárcenas, las grandes compañías también se están demorando en el pago a las pequeñas.
Según el presidente de CEPYME, algunas comunidades autónomas han planteado incluso una quita a las empresas para rebajar las cantidades que les adeudan. Bárcenas considera que en esta situación el Fondo Estatal de Inversión Local es insuficiente, ya que se trata de ayudas "finalistas" para proyectos determinados y solo aliviarán temporalmente el problema.
Uno de los sectores más afectados por la morosidad de las Administraciones es el de servicios urbanos. La caída de los ingresos de los ayuntamientos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha elevado de siete a ocho meses y medio el tiempo que tardan las corporaciones municipales en pagar a las empresas. El presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP), Francisco Jardón, denunció recientemente, en declaraciones a Efe, la "indefensión" de las empresas de saneamiento y auguró un incremento de la conflictividad laboral en el sector.
Otros sectores afectados por la morosidad de la Administración son el constructor, el de suministros hospitalarios y el de servicios de jardinería.
