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Pekín, 22 ene (EFE).- La crisis financiera influyó negativamente en la tercera economía mundial en el último trimestre de 2008 con un crecimiento de tan sólo el 6,8 por ciento que arrastró el promedio anual hasta un 9, el más bajo desde 2001.
El primer ministro Wen Jiabao ya anunció esta semana, que este iba a ser el peor año hasta ahora del siglo para China, y las cifras de 2008 lo han confirmado.
"El cuarto trimestre supuso graves obstáculos y dificultades, pero son temporales. Como el frío helado que tenemos esta mañana, no va a durar siempre", señaló Ma Jiantang, director del Buró Nacional de Estadísticas, en rueda de prensa.
Ma explicó las dimensiones de la crisis, "cada vez más profunda y extensa", de manera que su efecto en la locomotora china, la mayor economía emergente, prosigue.
A pesar de los datos de finales del 2008, el director expresó su confianza, ya que los resultados muestran aún un crecimiento "estable y rápido", superior al del resto del planeta, al que contribuyó el año pasado en un 20 por ciento, según sus cálculos.
Pero las consultoras internacionales están calificando el 6,8 por ciento del último trimestre como pésimo, atroz, por debajo de lo previsto y un punto de inflexión en la boyante economía china, y eso teniendo en cuenta que las cifras chinas siempre reciben una capa de "maquillaje" oficial para no alarmar.
Aunque los líderes del régimen chino reiteraron en los últimos años que el objetivo era basar el crecimiento en la demanda interna, como reiteró hoy Ma, lo cierto es que la emergencia china era insostenible por basarse en la externa: inversiones y exportación.
Como consecuencia, las crisis simultáneas en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, los tres principales mercados de China, han forzado al cierre de más de 670.000 fábricas en el país asiático y provocado la implosión de su burbuja inmobiliaria.
Esta situación se ha extendido desde la crisis financiera global a las pequeñas firmas exportadoras, de ahí a las grandes y luego al resto de la economía, explicó hoy el director Ma.
Es decir, que los tradicionales riesgos para el gobierno del Partido Comunista de China (PCCh), del que se cumplen 60 años, se van a recrudecer: deflación, aumento de las diferencias entre ricos y pobres y, por tanto, protestas contra el poder.
Ayer mismo se publicó la tasa de desempleo oficial, también maquillada, ya que no incluye a los 200 millones de inmigrantes rurales que trabajan en las urbes.
El Ministerio de Recursos Humanos calcula que unos 6 millones de inmigrantes perdieron su empleo, a los que hay que añadir los parados "oficiales", esto es, los registrados, que suman 8,86 millones.
La tasa oficial de desempleo urbano, sin incluir campesinos e inmigrantes, alcanzó su máximo desde 2003 en diciembre, el 4,2 por ciento, frente al 4 por ciento de octubre, pero un estudio de la Academia China de Ciencias Sociales, adscrita al Ejecutivo, lo sitúa en el 9,4 por ciento, incluyendo a los 200 millones de excluidos.
Y otros 6 millones de licenciados se unirán este año a ese cómputo.
Por tanto, el objetivo de desempleo que se ha marcado el Gobierno para este año es del 4,6 por ciento, el peor desde 1980.
Entre el resto de indicadores macroeconómicos desvelados hoy, el índice de precios al consumo (IPC) se hundió en diciembre hasta un 1,2 por ciento, tras el máximo de la década registrado en febrero, de un 8,7, por lo que la deflación es inevitable en este trimestre.
El cierre de plantas quedó plasmado en un crecimiento de la producción industrial del 12,9 por ciento en 2008, frente al 18,5 del ejercicio anterior.
Ante estos datos, los vaticinios más agoreros para el crecimiento en este año se sitúan casi a la mitad del objetivo previsto por Pekín, de un 8 por ciento, la tasa necesaria para crear empleo; y las más realistas, entre un 5 y 6 por ciento, las peores desde 1990.
China está a punto de tocar fondo, según las consultoras internacionales, que esperan un 4 por ciento de crecimiento en el primer trimestre y un 6 en el segundo.
No será hasta el segundo semestre del año cuando el efecto del paquete de estímulo del Gobierno, de 4 billones de yuanes (585.000 millones de dólares, 450.000 millones de euros) para infraestructuras y gasto social, empiece a sacar a China del atolladero, una tendencia iniciada en diciembre.
