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Madrid, 22 dic (EFE).- La Comunidad de Madrid resta poder al Ayuntamiento en la representación que éste tiene en los órganos de gobierno de Caja Madrid, que pasará del 70 por ciento a un 30 por ciento, y dejará en manos del parlamento regional la reelección del presidente de la entidad, Miguel Blesa.
Se cambia así el sistema de cupos mínimos por un límite del 30 por ciento de los consejeros del sector por corporación, una medida que "beneficia a los Ayuntamientos, tanto a los pequeños como a los grandes", según ha explicado hoy a Efe el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, después de presentar las enmiendas de su grupo al proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas.
El antiguo sistema de cupos, ha dicho Pérez, "quiebra el principio de proporcionalidad que establece el sistema constitucional" y suponen "un privilegio injustificado" que no existe en otras comunidades autónomas.
El PP propone que la elección de los consejeros generales de este sector lo sea en función del peso real de los grupos políticos de las Corporaciones Municipales, "de acuerdo con la voluntad popular".
El cupo del 30 por ciento, ha añadido, ya existe en otras Comunidades Autónomas como Andalucía (25 por ciento), Castilla y León (20 por ciento), Cataluña (20 por ciento) o La Rioja (30 por ciento).
Para la designación de los consejeros generales del sector de corporaciones municipales se han creado dos circunscripciones electorales comprensivas, la primera de la Comunidad de Madrid, y la segunda del resto de Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía donde las cajas de ahorro tengan oficina abierta.
Además, se añade una cláusula que impedirá a cualquier consejero que lleve doce años en su cargo volver a presentarse como candidato, excepto que lo proponga el mismo sector por el que fue elegido.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, lleva doce años en su cargo y fue elegido por la Asamblea de Madrid, por lo que la ampliación de su mandato dependerá de este órgano.
Pérez ha explicado a Efe que el objetivo de las enmiendas presentadas por su grupo es potenciar la sociedad civil en detrimento del sector público y para ello se da entrada a universidades privadas, a organizaciones empresariales, sindicatos y a la Cámara de Comercio.
