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Madrid, 29 oct (EFE).- El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que resulta "absurdo" pensar que en un sistema democrático como el español no haya control de "una movilización importante de fondos" públicos.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Montoro se ha referido así a la creación, desde el Estado, de un fondo para la compra de activos bancarios que ayude a la estabilidad de las entidades del sector en la coyuntura actual, así como a las palabras que ayer pronunció el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, partidario de que no se conozcan los nombres de las instituciones que se beneficien de tal medida.
El ex ministro de Hacienda ha hecho hincapié, más que sobre si han de ponerse en conocimiento los nombres de dichas entidades, en que para la puesta en marcha del fondo público, de hasta 50.000 millones de euros, no habrá dudas del control que ejercerán los organismos reguladores, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de valores.
Tampoco habrá dudas sobre la información que reciban los ciudadanos, según ha destacado.
"Los ciudadanos tendrán conocimiento exacto, no puede ser de otra manera, pero lo que puede ser diferente es el momento en el que se producen las operaciones", ha subrayado antes de remarcar: "Es imposible una movilización importante de fondos sin conocimiento de los ciudadanos; es absurdo pensar otra cosa".
Montoro ha puesto el énfasis en subrayar que el PP trabaja con el Gobierno en la definición del procedimiento de acceso a los fondos y de sus controles, por lo que de ese "manejo" de dinero público tendrán conocimiento los organismos reguladores, primero, y el Congreso después, ya en un proceso de "control político".
También en declaraciones en el Congreso, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha cuestionado las afirmaciones de Sáenz, puesto que podrían poner en entredicho la solidez de la banca española, y ha abogado por que se conozcan los nombres de los bancos beneficiados, aunque también, ya que hay dinero público por medio, la opinión pública debería controlar sus activos y el dinero que perciben los directivos.
