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Bruselas, 11 sep (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escuchó hoy a representantes de varias pequeñas y medianas empresas que aseguran haber sido objeto de una "estafa" por parte de una compañía española que elabora un registro de negocios europeos.
La Eurocámara, que ha recibido en los últimos años más de 400 denuncias contra ésta y otras empresas similares, se ha comprometido a estudiar la situación y a elaborar un informe que se votará en el Pleno.
Las supuestas prácticas irregulares consisten en el envío de formularios en los que, según las pymes, se les invita a actualizar sus datos en un directorio con información sobre empresas europeas.
Con su respuesta, denuncian, están firmando "sin saberlo" un contrato, cuyos términos "no aparecían claramente en el formulario" y por el que se les reclama el pago de una cantidad de dinero.
El negocio mueve "decenas de millones de euros", aseguraron los denunciantes.
Las quejas van en contra de varias empresas de este sector, entre las que figura la española European City Guide, la única que hoy se presentó ante el Parlamento Europeo para defenderse.
Según su director, Francisco López-Peláez, las prácticas de su compañía "cumplen todas las normas" sobre publicidad engañosa y los formularios que envían a miles de empresas indican "claramente" el precio del servicio de publicidad en su directorio, que se publica en papel y en internet.
Por ello, López-Peláez pidió el fin de las "difamaciones y mentiras" supuestamente vertidas en páginas web por usuarios insatisfechos con sus servicios.
Entre ellas mencionó la que mantiene Jules Woodell, uno de los denunciantes presentes hoy en Bruselas, que aseguró tener pruebas de la existencia de "mafias europeas" dedicadas al "timo" con este tipo de formularios.
"European City Guide me envió un folleto por correo en el que iba incluido un contrato para que el empresario lo firme sin verlo. Yo caí en la trampa en el año 2000", explicó ante los eurodiputados.
En una situación similar, la irlandesa Pauline Heffernan aseguró que la decisión de ella y su marido, que tienen un pequeño negocio, de responder al formulario de la empresa española fue "el peor error de nuestras vidas".
"Esta compañía nos ha arruinado la vida con sus amenazas", aseguró Heffernan, que explicó que lleva años recibiendo cartas de European City Guide por el supuesto impago de su contrato.
De parte de los denunciantes se expresaron también varias organizaciones de defensa de las pymes, que aseguraron que hay al menos una decena de empresas con prácticas similares desde hace más de 20 años e instaron a las fiscalías europeas a "tomar en serio el problema".
También pidieron a los Veintisiete una mayor coordinación a la hora de regular este tipo de prácticas transfronterizas y a aplicar con rigor las normas comunitarias sobre publicidad engañosa y fraude.
Por su parte, la Comisión Europea aseguró tener constancia del problema y haber tomado algunas medidas.
En el caso concreto de European City Guide, Bruselas se puso en contacto con las autoridades españolas, que actuaron contra la empresa cuando tenía su sede en Barcelona.
Según el representante del Ejecutivo comunitario presente en la audiencia, España "ha hecho mucho" en este ámbito y, por ejemplo, ha logrado que tras el traslado de European City Guide a Valencia sus formularios incluyan en negrita información sobre el precio del servicio y sus condiciones que, supuestamente, antes no aparecían con claridad.
El eurodiputado maltés Simon Busuttil anunció al término de la sesión que preparará un informe sobre este "problema generalizado" con el que tratará de llamar la atención sobre el asunto, examinar si la legislación europea se ha aplicado correctamente o si necesitaría ser revisada y orientar a las "víctimas".
