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El PSOE anima al PP a "acudir a los tribunales" si tiene indicios de delito, "pero no tiene pruebas y sólo levanta aires de desconfianza"
SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz, PP e IU, apuntaron las "dudas" y "sombras" en torno al uso del procedimiento negociado en las contrataciones de la Junta, especialmente en las empresas públicas, e incluso alertaron de la posibilidad de que haya una "ilegalidad", en cuanto a incumplimientos de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.
Estas críticas fueron vertidas en comisión parlamentaria durante la comparecencia del consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas, --comparecencia que se retrasó por motivos de las elecciones-- para presentar el Informe de la Cuenta General, Contratación Administrativa y FCI correspondiente al ejercicio 2006, así como la memoria de actividades de la Cámara de Cuentas referida al ejercicio 2007 y Plan de Actuaciones para el año 2008.
Navas precisó que en materia de contratación administrativa, durante 2006 se adjudicaron 101.996 contratos, por una cuantía de 3.029,42 millones. De estos el procedimiento más utilizado ha sido el negociado, mediante el que se tramitaron 6.297 contratos, aunque la inversión materializada en esos contratos supuso el 20,29 por ciento en el ejercicio 2006. Ademas, Navas indicó que el 32 por ciento de contratos fiscalizados "no se acredita el procedimiento y la forma de adjudicación según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
Por otro lado, en este informe la Cámara de Cuentas hace una serie de recomendaciones a la Junta y además apunta que las empresas públicas andaluzas arrojaron en el año 2006 un resultado agregado de 37,03 millones de beneficio frente a los ocho millones de 2005, un aumento que "se debe en parte al incremento del 45,7 por ciento de las subvenciones de explotación y de un 79 por ciento en las de capital".
El informe, que también hace mención expresa al Servicio Andaluz de Salud, donde el importe de los acreedores reflejados en balance asciende a 1.873 millones de euros, recordó que las cuentas de las empresa públicas "hubieran sido pérdidas por 963,33 millones si no hubiesen contado con unas subvenciones de explotación por importe de algo más de 1.000 millones procedentes de la administración autonómica".
Tras la presentación de estos datos intervinieron todos los partidos, que en función de este informe presentarán sus propuestas de resolución para su debate en Pleno. Todos los partidos mostraron su satisfacción por el trabajo y el "esfuerzo" de la Cámara de Cuentas y destacaron el "enorme prestigio", el "rigor", la "transparencia" y la "gran calidad" del trabajo" de esta institución con su "control exhaustivo" de cuentas y recursos públicos.
El diputado del PP Salvador Fuentes consideró que este informe es "un mazazo a la credibilidad de un gobierno que ha estado instalado en la irregularidad", de forma que la Cámara de Cuentas "pone en evidencia año tras año la falta de rigor y transparencia de la Junta, pues se repiten los mismos escenarios e incumplimientos contables públicos y son las mismas recomendaciones año tras año que no se corrigen".
Entre éstas, citó las "discrepancias del inventariado del inmovilizado, donde seguimos como estamos y no hay propósito de enmienda", lo cual, a su juicio "implica que se alargue la sombra de la duda, y se pone en solfa la credibilidad del dinero público, incidiendo en la pérdida de confianza en los gestores". También aludió a la deuda del SAS, "un agujero que es muy difícil de tapar", o los libramientos pendientes de justificar "donde pedimos que se cumpla la Ley".
Fuentes, que lamentó que el ejercicio 2006 "está falto de austeridad con una serie de modificaciones de crédito que se utilizan para pagar el despilfarro", lamentó el déficit que "arrastran" las empresas públicas, quiso incidir especialmente en los procedimientos de contratación de las mismas.
De esta forma, tras considerar que "el uso del procedimiento negociado puede dotar de eficacia a la empresa pero su abuso da una imagen no limpia de la gestión", anunció que pedirá la comparecencia de la Junta por un posible incumplimiento de la Ley de Contratos de la Administración Pública, tras lo que citó el caso de una Delegación Provincial de Educación "que dividió un contrato en 17 expedientes por menor cuantía para evitar tener que ser controlado, y eso deriva en un incumplimiento de la Ley, que prohíbe el fraccionamiento del contrato para eludir los principios de publicidad, concurrencia y control". POLITICA CLIENTELAR Y 'AMIGUISMO'
"No estamos en contra del sistema negociado, pero sí del abuso de ese sistema, ya que alguien puede pensar que se emplea para una política clientelar o por 'amiguismo', y eso no es bueno para la confianza y credibilidad de la Junta", agregó Fuentes, quien apuntó que el hecho de que no acrediten algunos contratos "alarga la sombra de dudas sobre la gestión de un gobierno que está bajo sospecha, evidencia la irregularidad y roza la ilegalidad en algunos casos" y anunció que pedirá explicaciones a todas las empresas públicas que emplean el procedimiento negociado.
En una línea similar se pronunció el diputado de IU Pedro Vaquero, quien lamentó el "porcentaje importante de contratos negociados y que no cumplen la legalidad", lo cual es un dato "escandaloso" que, a su juicio, "hay que remediar".
Vaquero también consideró que de esta situación "se puede generar un incumplimiento de la Ley de Contratos, donde se puede estar actuando con cierta impunidad y no se conoce la realidad o el resultado es muy poco permeable".
Apeló al funcionamiento "imparcial y transparente" de las administraciones públicas y abogó por mejorar la tramitación y formalización de expedientes de contratación "para dar esa imagen de credibilidad". En ese sentido, consideró que el Parlamento andaluz debe instar a la Junta a que "ponga los medios para que no se produzca esa falta de credibilidad".
También consideró "significativo" que haya libramientos sin justificar, de los cuales deriva que "hay una serie de órganos autónomos que tienen manga ancha para actuar". Asimismo, citó como "llamativo" que muchas de las fundaciones "no están en la Cuenta General", por lo que pidió que "se cumpla la Ley y no exista ningún halo de sospecha". Ante todo esto, consideró que el cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y del Parlamento por parte de la Junta "deben sean finalizadas y se les debe hacer un seguimiento importante". GESTION SUJETA A LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA, SEGUN PSOE
Por su parte, la diputada del PSOE Verónica Pérez destacó que este informe "avala y demuestra un año más que la gestión de los fondos públicos se sujeta a la legalidad, aunque otros partidos extraen datos de forma interesada".
"El valor de este informe constituye una de las mejores y mayores garantías para los ciudadanos, para poder confiar en la Administración andaluza, por lo que podemos estar tranquilos y seguros de que nuestros fondos se gestionan con transparencia y cumplimiento de la legalidad, pues ello viene avalado por este informe", aseguró Pérez, quien insistió en que "para el PSOE es más importante que para nadie que exista control público y transparencia, pues ello es garantía de nuestro éxito".
Pérez, que resaltó la credibilidad del PSOE "frente a la del PP que no ha ganado ningunas elecciones", consideró que la "versión" del PP sobre el informe "poco se parece a la realidad", tras lo que le animó a "acudir a los tribunales si tiene indicios de delito pero no ha ido en estos años porque no tiene ni una sola prueba, porque no las hay, sólo se limita a levantar aires de desconfianza que perjudican al servicio público y a la política".
