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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba un plan para reducir un 30% las cargas administrativas de las empresas

Madrid (Europapress)

El Ejecutivo pretende evitar nuevas cargas en la normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009

El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo para desarrollar un plan que permita a las empresas reducir sus cargas administrativas en un 30% antes de 2012 y evitar nuevas cargas en la normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009.

El Gobierno considera que esta medida es "el primer paso para identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias y revisar los trámites que puedan ser simplificados o realizados por medios telemáticos", y contribuirá a incrementar la competitividad y productividad de las empresas españolas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este plan "no es incompatible" con discutir en el marco del diálogo social nuevas reducciones de las cargas administrativas, y apostó por seguir trabajando en esta línea con los agentes sociales.

En el plan se establecen los objetivos y medidas para hacer menos costosas las gestiones administrativas asociadas a la creación y funcionamiento de las empresas y a la actividad de profesionales, trabajadores autónomos y ciudadanos, en general.

Para ello, se establecen dos líneas de trabajo, una sobre el pasado y otra dirigida hacia el futuro. Así, por un lado se persigue reducir en un 30 por 100 en el horizonte de 2012 las cargas que afectan a las empresas, especialmente pymes, derivadas de la normativa vigente, superando el objetivo del 25 por 100 fijado por la Unión Europea.

Minimizar el impacto de la nueva normativa

Por otro lado se busca minimizar las cargas administrativas sobre las empresas en la nueva normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009.

Para conseguir estos objetivos, las actuaciones que se desarrollarán estarán dirigidas a medir las cargas administrativas en las seis áreas: derecho de sociedades, legislación fiscal, estadísticas, contratación pública, medio ambiente y entorno laboral-relaciones laborales.

Además, en la Administración General del Estado se adoptará el Modelo de Costes Estándar (SCM) como instrumento para medir las cargas administrativas y, por lo tanto, para cuantificar el ahorro que supondrá para las empresas la reducción de las mismas.

Con el fin de contrastar y mejorar su operatividad, el plan prevé la puesta en marcha de un proyecto piloto que el Ministerio de Administraciones Públicas realizará en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sobre el procedimiento de notificación de traslado de residuos peligrosos en el territorio nacional. Este procedimiento administrativo alcanzó un volumen de 94.000 actuaciones en 2007.

Respecto a la nueva normativa, el Plan propone la elaboración y aplicación de un protocolo de actuación para valorar durante su proceso de elaboración el impacto de las nuevas normas en la actividad de nuestras empresas y evitar así la imposición no justificada de nuevas cargas administrativas.

Cooperación entre administraciones 

El plan está diseñado para la reducción de cargas administrativas en la Administración General del Estado, aunque establece mecanismos de colaboración con todas las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, para impulsar estas medidas de simplificación administrativa en sus ámbitos de competencia. También se prevé la colaboración con las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales y sindicales, en función de la naturaleza de cada tema.

En este sentido, el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha suscrito acuerdos de cooperación con las Cámaras de Comercio, la CEOE y CEPYME para el intercambio de información y selección de la metodología más adecuada para la elaboración del Plan.

En el apartado de medidas tecnológicas, el plan aprobado hoy incluye iniciativas para la simplificación administrativa, como la interconexión electrónica de los sistemas de información de las administraciones públicas, la ventanilla única apuntada en el proyecto de transposición de la Directiva de Servicios o un portal específico sobre las cargas administrativas.

Durante la vigencia del plan, hasta el año 2012, el Gobierno aprobará en el último trimestre de cada año un proyecto normativo de reducción de cargas administrativas, que recogerá las propuestas de mejora y las medidas concretas de simplificación de las áreas prioritarias analizadas, identificadas en ese período.

Participación y seguimiento

El plan también establece cauces para la participación de los ciudadanos y los empresarios en su desarrollo. Para ello, desde octubre de 2007 en www.map.es se ofrece la oportunidad de contribuir directamente a mejorar la calidad de la legislación. En el apartado de Reducción de Cargas Administrativas de la página se incluye información sobre el tema y dos formularios para presentar ideas al Gobierno de España o a la Comisión Europea sobre simplificación administrativa.

El Ministerio de Administraciones Públicas se encargará de realizar un seguimiento del Plan e informará periódicamente de su desarrollo al Grupo de Alto Nivel para la Reducción de Cargas Administrativas y, en su caso, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El acuerdo también incluye la incorporación de los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y de Trabajo e Inmigración, al Grupo de Alto Nivel, dada la significación que tienen sus ámbitos de competencias en las áreas prioritarias definidas por este plan.

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