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En los primeros ocho meses del año, el número de expedientes de regulación de empleo (ERE) ha ascendido a 3.011 y 63.348 trabajadores se han visto afectados por ellos, un 12,5% más que en el mismo período de 2007, cuando el mercado laboral ofrecía un semblante menos duro. Entonces se contabilizaron 336 expedientes menos y la cifra de trabajadores afectados no pasó de 56.778.
Para cuando acabe el año, las distancias entre un ejercicio y otro serán aún mayores –los datos del Ministerio de Trabajo no recogen las nefastas noticias de las últimas semanas– y el verano ha demostrado que la crisis adquiere tintes de enfermedad galopante; si en el trimestre estival del año pasado ‘sólo’ 11.368 personas se vieron obligadas a dejar sus empresas por un ERE, hasta 41.502 han corrido la misma suerte este verano.
«La sensación que se respira, y no sólo en España, es que todavía no vemos la luz al final del túnel. Sobre todo porque estamos en una crisis sin precedentes, y como en el ámbito financiero, donde se tiene la sensación de que no se cuenta con elementos válidos del pasado para combatir la situación, en las relaciones laborales también nos encontramos con una situación de incertidumbre», afirma Salvador del Rey, socio director del área laboral de Cuatrecasas y catedrático de Derecho del Trabajo.
Pero aunque todos los sectores, con excepción del agrario, parecen vulnerables a esta oleada de despidos masivos, los datos de los últimos días han puesto de manifiesto la fragilidad de la automoción, cuyos expedientes de regulación de empleo afectan ya a más de 17.000 trabajadores. Esta misma semana, Nissan anunciaba el recorte de 1.680 empleos en Barcelona, que se suma a los de General Motors, Ford, Renault y el ERE temporal de Seat.
En este contexto, Carlos Romero, secretario de política sindical de la Federación del Metal y de la Construcción en UGT, aprecia «una especie de campaña orquestada por algunas empresas del sector, que aprovechan la crisis para hacer ajustes que, de otro modo, no tendrían justificación». Asimismo, Romero alerta sobre las consecuencias de estas medidas en las empresas auxiliares. «Detrás de los fabricantes están las plantas de componentes –explica–, que tienen menos margen de maniobra que los primeros». A su juicio, «muchas de estas empresas han hecho grandes inversiones, y una crisis las dejaría muy mal paradas».
Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo, considera, sin embargo, que el ERE es «un instrumento de flexibilidad imprescindible en estos momentos». Una opinión muy similar a la del actual titular del departamento, Celestino Corbacho. «A lo mejor una empresa puede cometer fraude, y entonces habrá que perseguirla, pero no satanicemos el ERE. Llegados a un punto, hay que optar por salvar el empleo de unos cuantos o destruir la empresa. Por tanto, más vale que salga uno y que sigan otros», sostiene Pimentel.
Contratados temporales
Pero es en el macrosector de la construcción donde los datos son más llamativos. Si en los ocho primeros meses de 2007 –siempre según datos del Ministerio de Trabajo–, 602 personas resultaron afectadas por expedientes autorizados, este año el número se multiplicó hasta llegar a 2.985. Una evolución lógica teniendo en cuenta que el número de expedientes subió de 56 a 197. Pese a todo, dado que el 70% de los contratados son temporales, las cifras de destrucción de empleo en el sector son aún peores.
Para frenar esta debacle, desde UGT proponen una serie de medidas. Algunas precisan de la colaboración de todas las administraciones públicas –para que adelanten sus planes de infraestructuras, rehabiliten edificios y construyan más viviendas de protección oficial– , otras pasan por la reducción de horas extraordinarias –«así se liberaría trabajo para 250.000 personas, que es más de lo que se ha perdido en un año», apunta Carlos Romero–, y las últimas, por adelantar la jubilación hasta a los 60 años para los trabajadores que están a pie de obra.
Precisamente para que los cierres sean menos traumáticos, el abogado laboralista Salvador del Rey es partidario de hacer hincapié en el plan social y no sólo prestar atención a la compensación económica. Según el ordenamiento actual, las empresas con más de cincuenta trabajadores están obligadas a presentar un plan de este tipo. «Se trata de una referencia muy genérica al plan social», se queja Del Rey. «Pero el compromiso de una empresa no debe basarse tanto en indemnizar a los trabajadores como en desarrollar un plan que permita recualificar a éstos para que puedan encontrar un empleo incluso mejor que el que perdieron».
Por desgracia, los expertos consultados coinciden en que ahora todos los trabajadores son vulnerables a un ERE. Aunque, en teoría, los más mayores y veteranos parecen más expuestos, también es más fácil prescindir de aquellos perfiles que abundan en el mercado.
